La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de ocho personas acusadas de participar en el secuestro extorsivo y presunto asesinato del empresario portuario Gastón Tallone, ocurrido en julio de 2024 en la ciudad de Buenos Aires. La resolución judicial, que incluye el agravante de muerte intencional, se dictó pese a que el cuerpo de la víctima aún no ha sido hallado.

Según la investigación, Tallone, quien estaba bajo la lupa por lavado de dinero y actividades ilícitas en el puerto de Concepción del Uruguay, fue secuestrado el 8 de julio de 2024 en la zona del Abasto porteño. Los captores, entre los que se encuentran el abogado José Uriburu, el empresario Gustavo Juliá y barras bravas vinculados a la banda narco Los Monos, exigieron un rescate de al menos 65.000 dólares, que fue pagado por la familia en una estación de servicio de Núñez. Sin embargo, la víctima nunca fue liberada.

La fiscalía, a cargo de Carlos Stornelli, sostiene que Tallone fue asesinado durante el cautiverio. Un imputado arrepentido declaró que el empresario fue ultimado con una pala y su cuerpo quemado cerca de Campana, en la provincia de Buenos Aires. "Uriburu se volvió loco y lo mató al empresario con una pala de cavar, y lo llevaron cerca de Campana, donde lo tiraron al costado de la ruta y lo prendieron fuego", relató el colaborador judicial.

A pesar del pago del rescate, los secuestradores continuaron enviando mensajes extorsivos al hijo de la víctima, pero los peritajes determinaron que los audios podrían haber sido editados y no constituyen pruebas de vida genuinas. La Cámara también ordenó la libertad de dos sospechosos por falta de pruebas y solicitó profundizar la investigación para esclarecer el rol de cada imputado antes de la elevación a juicio.

El caso ha generado alarma por la presunta connivencia entre el crimen organizado, barras bravas y sectores empresariales. Las defensas de los acusados han cuestionado la solidez de las pruebas y la prisión preventiva, pero el tribunal enfatizó la gravedad del delito y la existencia de riesgos procesales. La causa sigue abierta y se esperan nuevas diligencias para determinar responsabilidades individuales y el destino final de la víctima.