El Gobierno argentino y el kirchnerismo han retomado las negociaciones para cubrir las dos vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia, un proceso que había quedado en suspenso durante el período electoral. Actualmente, la Corte opera con solo tres jueces, lo que obliga a recurrir a conjueces en caso de disidencias y dificulta la toma de decisiones clave.

Según fuentes oficiales, el acuerdo entre ambos sectores consiste en que cada uno proponga un candidato, evitando vetos cruzados y priorizando figuras consensuadas. Por parte del Gobierno, el nombre que más suena es el del camarista Mariano Llorens, mientras que el kirchnerismo impulsa a la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien no tendría objeciones del oficialismo, a diferencia de otros candidatos previos.

Las negociaciones, que involucran a interlocutores como Sebastián Amerio y Juan Martín Mena, se reactivaron tras el fallo de Vialidad contra Cristina Kirchner y el resultado de las últimas elecciones. El objetivo es alcanzar los dos tercios necesarios en el Senado para aprobar los pliegos, lo que requiere sumar apoyos de gobernadores peronistas y bloques aliados. En este contexto, figuras como Martín Menem y Santiago Viola han ganado protagonismo en la gestión judicial.

El proceso se acelerará a partir de marzo de 2026, junto con la cobertura de otras vacantes judiciales, una deuda histórica que afecta el funcionamiento de los tribunales. Actualmente, hay más de 230 cargos pendientes entre jueces, fiscales y defensores oficiales, lo que paraliza áreas clave del sistema judicial.

La interna en el Gobierno, especialmente entre Karina Milei y Santiago Caputo, influye en la agenda judicial y en la definición de los candidatos. Mientras tanto, el kirchnerismo ha desmentido algunos rumores sobre candidaturas, calificándolos de "disparates", y los gobernadores peronistas buscan asegurar espacios para sus representantes en la negociación.

Analistas advierten que el proceso puede fragmentar al peronismo y modificar el equilibrio de poder en el Congreso, en un escenario donde la cobertura de vacantes judiciales y la integración de la Corte Suprema se han convertido en piezas centrales de la disputa política nacional.