El juicio por la megacausa de estafa con planes sociales en Neuquén continúa revelando detalles sobre el presunto desvío de fondos públicos destinados a subsidios para desocupados. Con 14 imputados y más de un centenar de testigos, el proceso judicial se desarrolla en la Ciudad Judicial de Neuquén, bajo estrictas medidas de protección de identidad para algunos testigos.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de Marcos Osuna, ex jefe de informática de la Dirección de Planes Sociales, quien admitió haber retirado dinero de cajeros automáticos y cobrado cheques, aunque negó formar parte de una organización criminal. Osuna aseguró que su cargo era nominal y que actuaba por órdenes de una empleada protegida, intentando minimizar su rol en la operatoria. Sin embargo, otros testigos lo señalaron como responsable de la gestión de beneficiarios y de la administración de fondos, lo que contradice su versión.

La excontadora General de la provincia, Esther Felipa Ruiz, también brindó testimonio clave. Ruiz explicó el funcionamiento administrativo de los subsidios y defendió la transparencia de los sistemas, atribuyendo las irregularidades a acciones humanas y no a fallas del sistema. "Los sistemas no fallan, fallan las personas", afirmó Ruiz, quien detalló que la revisión de cuentas comenzó tras la denuncia pública en 2023. La auditoría detectó que empleados públicos figuraban como beneficiarios de subsidios, lo que motivó cambios en los procesos y en el personal responsable de las auditorías.

La Fiscalía, liderada por Pablo Vignaroli y Juan Narváez, presentó informes que revelan transferencias de fondos desde cuentas de beneficiarios a cuentas personales de funcionarios. El mecanismo de "cheques globales" permitía adelantos de fondos a funcionarios para atender emergencias, pero muchas rendiciones de cuentas fueron rechazadas por irregularidades. Además, se investiga la existencia de una "caja azul", donde se registraban fondos desviados para gastos políticos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó informes patrimoniales de los implicados, mientras la defensa de los imputados busca desacreditar testigos y deslindar responsabilidades. El tribunal, integrado por Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, deberá ponderar las pruebas y testimonios cruzados para determinar el grado de responsabilidad de cada acusado. El caso pone en evidencia la compleja relación entre decisiones políticas, manejos administrativos y presuntas maniobras fraudulentas en la gestión de planes sociales en la provincia de Neuquén.