La provincia de Buenos Aires declaró la emergencia económica y aprobó el Presupuesto 2026, en una sesión legislativa marcada por intensas negociaciones y desacuerdos entre oficialismo y oposición. La medida, que regirá hasta el 31 de marzo de 2027, abarca tanto a la provincia como a sus 135 municipios y fue fundamentada en la profunda recesión y la reducción de transferencias nacionales, lo que, según el texto sancionado, pone en riesgo la prestación de servicios esenciales.

Durante la madrugada, la Legislatura bonaerense dio luz verde a un gasto total de 43 billones de pesos y sancionó la Ley Impositiva, que introduce una alícuota del 9% sobre las rentas obtenidas por entidades financieras a través de la compra de títulos públicos nacionales. Sin embargo, la Ley de Financiamiento, que habilitaría al Ejecutivo a tomar deuda por US$ 3.035 millones para cancelar obligaciones previas, quedó en suspenso ante la falta de consenso entre los bloques.

El principal punto de conflicto radica en la distribución de fondos a los municipios. Mientras el oficialismo propone garantizar un fondo no supeditado al mercado, sectores de la oposición y algunos intendentes exigen mayor transparencia y montos fijos para afrontar compromisos inmediatos. "Quisieron reducir el monto fijo de 180.000 millones a 30.000 millones de pesos. Es inaceptable", señaló un legislador de UCR + Cambio Federal.

Desde el PRO y La Libertad Avanza, la crítica se centró en el aumento de la presión fiscal y el déficit presupuestario. "Basta de impuestos que asfixian a los bonaerenses. No se puede seguir gastando más de lo que se tiene", expresó el senador Alex Campbell. Por su parte, el oficialismo defendió la necesidad de la emergencia y el endeudamiento para garantizar la continuidad de servicios y la estabilidad financiera de la provincia.

La emergencia económica otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias, como la reasignación de partidas y la modificación de alícuotas impositivas, en un contexto de tensiones políticas y fiscales. El debate sobre la Ley de Financiamiento continuará en los próximos días, con negociaciones abiertas y la expectativa de un acuerdo que permita destrabar los recursos necesarios para la gestión provincial.