El hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, adolescente desaparecido en 1984, en una vivienda del barrio porteño de Coghlan, ha reabierto una investigación judicial que conmueve a la sociedad argentina. El principal sospechoso, Cristian Graf, excompañero de la víctima, fue imputado por encubrimiento agravado y supresión de evidencia, aunque la causa por homicidio está prescripta debido al tiempo transcurrido.

El 20 de mayo de 2025, obreros que trabajaban en una obra sobre la medianera de la casa de Graf encontraron 151 piezas óseas, que tras análisis forense resultaron pertenecer a Fernández Lima. Según testigos, Graf mostró preocupación durante las excavaciones y ofreció diversas explicaciones sobre el origen de los restos, desde la existencia de una iglesia hasta la posibilidad de que los huesos hubieran llegado con tierra para nivelar el terreno. El fiscal Martín López Perrando fundamentó la imputación en la actitud de Graf y en las maniobras para ocultar pruebas.

Adrián Farías, otro excompañero, presentó documentos que acreditan haber asistido a la misma escuela que la víctima y el imputado, en respuesta a cuestionamientos en redes sociales. Farías intentó declarar como testigo, pero la relevancia de su testimonio está bajo evaluación judicial. En entrevistas, Farías denunció haber sido víctima de abuso por parte de Fernández Lima, lo que generó controversia y debate público.

La familia de Fernández Lima, que durante más de cuatro décadas buscó respuestas, ahora exige justicia y la pena máxima, aunque reconocen que la causa por homicidio no puede ser juzgada. Los abogados de Graf insisten en la inocencia de su cliente y plantean dudas sobre la ubicación exacta del hallazgo y la relación entre los jóvenes. Mientras tanto, la investigación se centra en el encubrimiento y la supresión de evidencia, con la posibilidad de que nuevos testimonios y pruebas modifiquen el curso del proceso judicial.

El caso, que permaneció sin resolver durante más de 40 años, ha generado un profundo impacto en la opinión pública y plantea interrogantes sobre la justicia y la memoria en Argentina. La resolución judicial y las implicaciones futuras dependerán de la evaluación de las pruebas y testimonios aportados en las próximas semanas.