La Cámara Federal ratificó el procesamiento de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, por el delito de lavado de dinero, y amplió el embargo sobre sus bienes a 38 millones de dólares. Junto a ella, otros 21 acusados, entre familiares, abogados y testaferros, recibieron confirmación de procesamiento y embargos que suman 412 millones de dólares, en el marco de una investigación que expone una red de lavado de activos vinculada a la causa de los cuadernos de las coimas.

Según la investigación judicial, Muñoz habría sacado del país al menos 70 millones de dólares, invirtiendo en propiedades de lujo en Miami, Nueva York y en la construcción de un resort en las islas Turks and Caicos. En Argentina, se detectaron más de 100 millones de dólares lavados, con 113 propiedades a nombre de Muñoz y su entorno, incluyendo estancias, complejos turísticos y bienes inmuebles en Buenos Aires, Santa Cruz, Villa La Angostura, El Calafate y San Martín de los Andes.

El caso, que se desprende del expediente principal de los cuadernos de las coimas, está a cargo del juez federal Julián Ercolini. Las declaraciones de exfuncionarios, como Juan Manuel Campillo, sugieren que los fondos podrían pertenecer a los expresidentes Kirchner, aunque esto no ha sido judicialmente comprobado. El tribunal, integrado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, enfatizó la importancia de los embargos millonarios para condenar la corrupción y recuperar los activos producto del delito.

La Cámara Federal también modificó algunas calificaciones, dictó la falta de mérito para cuatro personas y sobreseyó a otras seis. El proceso está listo para ser elevado a juicio oral y público, lo que representa un avance relevante en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción política en Argentina. El tribunal busca la reparación del perjuicio, el cumplimiento de la pena de multa, el pago de las costas del proceso y el decomiso de los bienes relacionados con el delito, considerando los montos fijados proporcionales a la magnitud de los hechos investigados y la complejidad de las maniobras de lavado de activos.