El sistema de salud argentino enfrenta una de sus mayores crisis tras confirmarse la muerte de al menos 52 personas y 76 afectados por la administración de fentanilo contaminado en hospitales de Buenos Aires, La Plata, Neuquén y Santa Fe. La investigación judicial apunta a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, responsables de la producción de los lotes contaminados, que ya acumulaban antecedentes por desvíos de calidad y alertas sanitarias no atendidas por la ANMAT.

El escándalo estalló cuando el Hospital Italiano de La Plata denunció la aparición de infecciones bacterianas atípicas en pacientes que recibieron fentanilo, detectando la presencia de Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii en las ampollas. "La dirección del hospital nunca se comunicó con nosotros para informarnos que Renato murió por un medicamento infectado", denunció Soledad Francese, madre de una de las víctimas más jóvenes, Renato Nicolini, de 18 años. Casos similares se repitieron en otros centros de salud, con familiares reclamando justicia y mayor transparencia.

La justicia federal, encabezada por el juez Ernesto Kreplak, ordenó el secuestro de expedientes administrativos de la ANMAT y la realización de peritajes forenses para determinar el origen de la contaminación y las responsabilidades penales. Entre las hipótesis se investiga si existieron defectos en los procesos de producción, negligencia en los controles y un posible desvío de fentanilo al mercado ilegal, dado que 3000 dosis siguen sin paradero conocido.

El caso ha puesto en evidencia graves falencias en la trazabilidad y control de medicamentos en el país. HLB Pharma y Ramallo, además de enfrentar causas penales, son señalados por sus vínculos con el poder político y posibles maniobras de protección. La ANMAT, por su parte, es cuestionada por no haber clausurado los laboratorios pese a registrar 133 notificaciones de desvíos de calidad desde 2018.

Mientras la investigación avanza, hospitales y familiares de víctimas se constituyeron como querellantes, exigiendo justicia y sanciones ejemplares. El caso reabre el debate sobre la seguridad sanitaria y la necesidad de fortalecer los controles estatales para evitar tragedias similares en el futuro.