Un nuevo escándalo de corrupción sacude al gobierno argentino tras la filtración de audios que involucran a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y a figuras cercanas al presidente Javier Milei. En las grabaciones, Spagnuolo describe un presunto esquema de recaudación ilegal de fondos, con pedidos de coimas a laboratorios y médicos, que según la denuncia, terminarían en manos de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Eduardo "Lule" Menem, operador político de confianza.

La investigación judicial, impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini en Resistencia y por el juez Sebastián Casanello en Comodoro Py, se centra en la posible existencia de una red de corrupción institucionalizada en la compra de medicamentos y el financiamiento de la fuerza política oficialista, La Libertad Avanza. Testimonios de médicos y directores de hospitales confirman que se les exigía el pago de retornos de hasta el 20% de su facturación para mantener contratos con PAMI y apoyar la campaña electoral. "Nos pidieron 100.000 dólares para seguir trabajando con PAMI", declaró uno de los médicos ante la fiscalía.

El caso Spagnuolo se suma a una serie de episodios que han golpeado la imagen del oficialismo en su segundo año de gestión, incluyendo la criptoestafa $Libra y contratos estatales adjudicados a empresas vinculadas a la familia Menem. Tras la viralización de los audios, Spagnuolo fue removido de su cargo y la Justicia procedió a allanar domicilios y oficinas, secuestrando celulares y dinero en efectivo. Sin embargo, desde la Casa Rosada no se anunciaron investigaciones internas sobre los funcionarios mencionados en las grabaciones.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El diputado Ricardo López Murphy calificó los audios como "lo más explícito que hemos visto en mucho tiempo" y comparó el caso con la corrupción kirchnerista, exigiendo explicaciones judiciales. Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó confianza en la inocencia de Karina Milei y Menem, pero subrayó que la resolución corresponde a la Justicia.

El escándalo ocurre en un contexto de alta tensión política, con vetos legislativos, crisis de imagen y demandas sociales de mayor transparencia. La reiteración de casos de corrupción en el entorno presidencial ha generado preocupación y un aumento de la imagen negativa del presidente Milei en medios y redes sociales. Mientras la investigación avanza, la sociedad espera respuestas claras y acciones concretas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.