El Senado argentino se encuentra en el centro de una fuerte controversia política y jurídica por la inminente asunción de Lorena Villaverde, senadora electa por La Libertad Avanza (LLA) en Río Negro. La sesión, prevista para este viernes, será decisiva para determinar si Villaverde podrá ocupar su banca, luego de que la Comisión de Asuntos Constitucionales recomendara rechazar su diploma por presuntos vínculos con el narcotráfico y antecedentes judiciales en Estados Unidos.

El oficialismo, liderado por Patricia Bullrich, ha desplegado una intensa estrategia para asegurar la mayoría simple necesaria, contando con el apoyo de aliados del PRO, algunos radicales y la posibilidad de ausencias estratégicas en la votación. "No estamos eligiendo un Papa. Si la Justicia americana entiende que el procedimiento fue nulo, entonces así fue. Jurídicamente es irreprochable", afirmó el senador Luis Juez (PRO), quien anticipó su respaldo a Villaverde y cuestionó la utilización de criterios morales para impedir la asunción de legisladores electos.

Por su parte, la Unión por la Patria (PJ) decidió no dar debate en el recinto, pero advirtió que señalará públicamente a quienes faciliten la asunción de Villaverde, a quien consideran parte de una posible red de narcotráfico. El bloque peronista sostiene que el caso representa un riesgo institucional y denuncia la posibilidad de que el Congreso se convierta en un filtro moral o político, más allá de los límites que establece la Constitución.

El debate ha reavivado discusiones sobre el alcance del control parlamentario en la validación de diplomas y la representación democrática. Sectores de la UCR, que votarán divididos, expresan preocupación por el precedente que podría sentarse, temiendo que futuras mayorías utilicen denuncias sin condena firme para excluir a legisladores por motivos ideológicos.

En el trasfondo, la causa judicial contra Villaverde en Estados Unidos fue archivada y no existen condenas firmes en su contra. Sin embargo, la controversia persiste, alimentada por denuncias de supuestos vínculos con empresarios investigados por narcotráfico y lavado de activos. El resultado de la votación de este viernes será clave para definir no solo el futuro de Villaverde, sino también los límites del control institucional sobre la representación parlamentaria en la Argentina.