El debate por el pago de indemnizaciones a los recolectores de basura en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un nuevo punto de tensión esta semana, tras la presentación del proyecto de "ley anti Moyano" por parte del legislador Facundo del Gaiso, de la Coalición Cívica. La iniciativa, que será tratada este jueves en la Legislatura porteña, busca impedir que el gobierno de la Ciudad deba afrontar el pago de hasta 200 millones de dólares en concepto de indemnizaciones a 6.000 trabajadores del sector, como reclama el Sindicato de Camioneros liderado por Hugo Moyano.

La llamada "Ley Moyano" es una práctica vigente desde 1998, que establece que, al finalizar la concesión del servicio de recolección de residuos, los trabajadores deben ser indemnizados y recontratados por la nueva empresa concesionaria, manteniendo su antigüedad y condiciones laborales. El sindicato, además, percibe un porcentaje de estos pagos. Sin embargo, la última prórroga de la concesión, extendida hasta 2028 durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, es utilizada por el gobierno porteño como argumento para rechazar el reclamo de pago anticipado.

Facundo del Gaiso explicó que el objetivo de su proyecto es "evitar que el costo de las indemnizaciones recaiga sobre los porteños y frenar prácticas extorsivas que afectan las cuentas públicas". El legislador aclaró que la medida "no es contra los trabajadores, sino contra un mecanismo que se ha perpetuado en el tiempo y que resulta insostenible para la ciudad".

Por su parte, el Sindicato de Camioneros insiste en que corresponde un pago "a cuenta" de las indemnizaciones, pese a la negativa de las empresas concesionarias y del gobierno de la Ciudad, que consideran el pedido "inviable" y sin sustento legal. "La Ciudad sostiene que la prórroga de los contratos vencía en 2028 y las condiciones laborales se mantienen", señalaron fuentes oficiales.

El conflicto se desarrolla en un contexto de fuertes tensiones internas dentro del gremio de Camioneros, con críticas a la conducción de Hugo Moyano y disputas entre distintas facciones sindicales. Mientras tanto, la negociación entre las partes continúa, sin medidas de fuerza anunciadas, pero con la posibilidad de que el debate se extienda en el tiempo y tenga impacto en la gestión de residuos y en la política porteña.