Un reciente informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) reveló que durante 2024 se registraron 1800 denuncias de tortura y malos tratos en cárceles y fuerzas federales argentinas. El reporte, de 415 páginas, detalla que 1465 hechos ocurrieron en el ámbito penitenciario federal, mientras que 335 corresponden a casos policiales. El documento destaca que el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires y el de Luján de Cuyo, en Mendoza, concentran la mayor cantidad de denuncias.

La gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, que absorbió el control del Servicio Penitenciario Federal (SPF) tras una histórica transferencia desde el Ministerio de Justicia, concluye con este duro diagnóstico. Según la PPN, "la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente". El informe subraya que las principales formas de maltrato incluyen malas condiciones materiales de detención, agresiones físicas, aislamiento, deficiente asistencia de salud y alimentación insuficiente.

Durante el primer semestre de 2025, se reportaron 201 víctimas de violencia institucional, algunas de ellas revictimizadas en más de una ocasión. El informe también señala que en la provincia de Buenos Aires, donde la población carcelaria es significativa, se registraron 3280 hechos de tortura y malos tratos, especialmente en los penales de Florencio Varela, Magdalena y Sierra Chica.

El Registro Nacional de Casos de Tortura, creado en 2010, permite dimensionar la magnitud del problema en todo el país y en diferentes tipos de unidades penitenciarias. La decisión de transferir el SPF al Ministerio de Seguridad fue tomada por el gobierno de Javier Milei, ampliando las facultades de control sobre el personal penitenciario.

La publicación de este informe plantea un desafío inmediato para la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y anticipa un debate político y social sobre la situación de los derechos humanos en el sistema penal argentino. La PPN insiste en la necesidad de abordar el fenómeno como un problema estructural y persistente, que requiere respuestas urgentes y coordinadas.