El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, se encuentra en el centro de una crisis política tras la difusión de un video en el que se lo ve ofreciendo favores y contactos a Tim Ballard, un exagente estadounidense acusado de abuso sexual y vinculado a la ultraderecha norteamericana. El material, registrado mediante una cámara oculta en la ciudad de Nueva York, muestra al funcionario argentino proponiendo reuniones con jueces y legisladores, así como la posibilidad de modificar una ley en beneficio de Ballard.

La filtración del video generó un inmediato revuelo en el ámbito político. Legisladores de la oposición exigieron la renuncia de Cúneo Libarona y reclamaron la apertura de un proceso de juicio político. "Amerita una denuncia penal por tráfico de influencias y abuso de autoridad", sostuvo Gustavo Vera, exdirector del Comité de Lucha contra la Trata, en declaraciones radiales. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recordó que Ballard tiene "23 causas por abuso" y que fue expulsado de varias organizaciones de lucha contra la trata.

Desde la Casa Rosada, fuentes oficiales intentaron desvincular al presidente Javier Milei del escándalo, responsabilizando únicamente al ministro. "No le vamos a pedir que se vaya", afirmaron allegados al gobierno, aunque reconocieron el daño político que implica la situación. Por el momento, la única sanción para Cúneo Libarona será alejarse de la exposición pública y mediática.

El caso se produce en un contexto de alta sensibilidad social, marcado por la desaparición del niño Loan Peña y la creciente preocupación por la trata de personas. Ballard, conocido por la película "Sonido de Libertad" y por liderar la ONG Operation Underground Railroad, mantiene vínculos con sectores conservadores y ha sido objeto de críticas tanto en Argentina como en el exterior.

La crisis también reavivó rumores sobre posibles cambios en el gabinete nacional, aunque por ahora el gobierno busca contener el impacto y evitar que la controversia afecte la imagen presidencial. El desenlace del caso podría tener implicancias en la agenda política y judicial de los próximos meses.