El reciente veto presidencial a las leyes de aumento de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad ha generado un intenso debate político y social en Argentina. El presidente Javier Milei, mediante el decreto 534/2025, rechazó las tres normas argumentando que su implementación pondría en riesgo el superávit fiscal y la estabilidad económica, con un costo estimado de hasta 6 billones de pesos entre este año y el próximo.

La decisión provocó la inmediata reacción de los bloques opositores en el Congreso, especialmente en el Senado, donde legisladores de Unión por la Patria y el peronismo ratificaron su compromiso de insistir en la sanción de las leyes. "Confiamos en tener los votos para que estos proyectos se conviertan en ley, porque es un hecho de absoluta justicia", afirmó el senador Mariano Recalde en conferencia de prensa. El Senado había aprobado en julio un aumento único de 7,2% a las jubilaciones, un incremento del bono previsional mensual a $110.000 y la recomposición de la moratoria previsional, que venció en marzo y dejó sin herramientas para jubilarse a miles de trabajadores mayores de 65 años sin los aportes necesarios.

La ley de emergencia en discapacidad, también vetada, garantizaba fondos hasta diciembre de 2027 para el pago a prestadores de servicios y actualizaba las sumas de pensiones y remuneraciones a trabajadores con discapacidad. La medida generó protestas frente al Congreso, donde organizaciones civiles y familias de personas con discapacidad reclamaron por la interrupción de tratamientos y prestaciones. Durante la manifestación, se registraron incidentes con fuerzas federales que intentaron desalojar a los manifestantes.

El Gobierno negó que el uso de un solo decreto para vetar las tres leyes busque condicionar la forma de votación en el Congreso, aunque la oposición expresó sospechas sobre la intención de forzar una votación conjunta. "Por más que se haya vetado en un solo decreto, la oposición podrá insistir con cada ley por separado", aseguraron fuentes oficiales.

Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, advirtió sobre la gravedad de la situación: "La crisis que atraviesan jubilados y pensionados pone en riesgo vidas. Nadie puede suponer que con esto se puede subsistir en Argentina". Actualmente, los haberes mínimos rondan los $380.000, mientras que la canasta básica supera el millón de pesos.

El Congreso deberá decidir en las próximas sesiones si insiste con las leyes vetadas, en un contexto de alta tensión política y social. El debate se da en medio de la campaña electoral y podría tener implicancias significativas para millones de jubilados y personas con discapacidad en el país.