El Gobierno argentino avanza en la discusión de una reforma laboral que busca modernizar el marco regulatorio y reducir la informalidad, con el respaldo de sectores empresariales y el rechazo de la Confederación General del Trabajo (CGT). El proyecto, que circula en borrador y es objeto de negociaciones, propone cambios sustanciales en la Ley de Contrato de Trabajo, regímenes especiales y procedimientos judiciales, con el objetivo de facilitar la contratación formal y mejorar la empleabilidad.

Entre las principales modificaciones se destacan la creación de un sistema unificado de registración laboral a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ampliación de beneficios sociales no remunerativos y la flexibilización de contratos de aprendizaje y pasantías. El texto también contempla la reorganización de la jornada laboral, vacaciones, licencias por enfermedad y la regulación de actividades consideradas esenciales, como salud, telecomunicaciones y transporte.

El proyecto delimita el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo al empleo público, trabajo agrario y servicios personales mediante plataformas tecnológicas. Además, incorpora un capítulo especial para repartidores independientes, garantizando libertad de conexión y mecanismos de reclamo, así como la obligación de capacitación y provisión de elementos de seguridad por parte de las plataformas.

En materia de indemnizaciones, se establece un mes por año de servicio con un tope y la posibilidad de sustituir la indemnización tradicional por fondos de cese laboral o seguros equivalentes. El borrador también prevé mecanismos para reducir la litigiosidad, como la actualización de créditos laborales por IPC más un interés anual, y reglas claras para combatir el fraude laboral.

El contexto económico muestra una alta informalidad, con el 43,2% de los trabajadores fuera del sistema formal y una presión impositiva que ubica a Argentina entre los países con mayor carga tributaria sobre el empleo. Analistas advierten que la reforma debe ir acompañada de crecimiento sostenido para que sus efectos se traduzcan en ocupación real. Proyecciones estiman que, con incentivos adecuados y expansión económica, podrían generarse más de 1,1 millón de empleos formales en cinco años.

Mientras empresarios ven la reforma como una oportunidad para reducir costos y mejorar la competitividad, la CGT y sectores sindicales la rechazan por considerar que implica una pérdida de derechos laborales. El debate continúa abierto, con posturas encontradas y la necesidad de una estrategia integral que combine reforma legal, incentivos y crecimiento económico para reconstruir el mercado laboral argentino.