La provincia de Buenos Aires atraviesa una fuerte controversia por la implementación de una cuota adicional en los impuestos inmobiliarios urbano y rural, que impacta principalmente en propiedades de mayor valuación. Según la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), esta "quinta cuota" duplica el monto habitual de la última factura y afecta a cerca del 8,72% de las partidas urbanas y al 12,01% de las rurales, en un contexto marcado por la caída de ingresos y graves inundaciones que afectan al sector agropecuario.

El gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, sostiene que la medida es focalizada y busca una estructura tributaria más progresiva, limitando el alcance del adicional a los segmentos de mayor patrimonio. Los topes establecidos son del 20% para el impuesto urbano y del 25% para el rural, sobre el total anual. Además, se mantienen bonificaciones de hasta el 10% para quienes pagan en término y exenciones proporcionales para productores afectados por emergencias agropecuarias.

Sin embargo, la decisión generó un inmediato rechazo entre propietarios y entidades rurales. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) calificó la medida de "ilegal e improcedente", argumentando que se aplica sin la aprobación de una nueva Ley Impositiva ni del Presupuesto 2025. La Sociedad Rural Argentina (SRA) también expresó su preocupación por la delegación de facultades al Ejecutivo y la falta de parámetros claros, lo que, según la entidad, genera inseguridad normativa y dificulta la planificación productiva.

El trasfondo político de la cuota adicional se remonta a negociaciones legislativas en 2024, donde se buscó avanzar en una estructura impositiva más progresiva. No obstante, la medida no figura en el proyecto de Ley Impositiva 2025, actualmente en debate. Mientras el gobierno defiende la legalidad y el carácter limitado del cobro, las entidades rurales insisten en que el incremento llega en un momento crítico, con millones de hectáreas bajo agua y una crisis productiva que pone en jaque la rentabilidad y la capacidad de recuperación del sector.

El clima de malestar se extiende más allá de los afectados directos, reflejando la sensibilidad social ante la presión tributaria en un contexto económico adverso. El debate sobre la transparencia, previsibilidad y el rol de la Legislatura en la definición de los criterios impositivos continúa abierto, con reclamos de distintos sectores por una reforma que alivie la carga fiscal y brinde mayor certidumbre a los contribuyentes bonaerenses.