Tres organizaciones ambientalistas presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de Santiago del Estero y el Estado Nacional, denunciando un grave daño ambiental colectivo causado por el Nuevo Canal de la Patria. La obra, de 250 kilómetros de extensión y revestida en hormigón, fue diseñada para abastecer de agua a poblaciones rurales y fomentar el desarrollo ganadero. Sin embargo, su diseño ha generado consecuencias ambientales severas, según las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

En apenas seis meses, se documentó la muerte de más de 250 animales de al menos 40 especies, muchas de ellas en peligro de extinción, como el oso hormiguero gigante, la tortuga terrestre argentina y el pecarí de collar. El canal, con paredes resbaladizas e inclinadas, impide que los animales que caen accidentalmente puedan salir, convirtiéndose en una "trampa mortal". Además, la infraestructura fragmenta el hábitat, bloquea el desplazamiento natural de la fauna y representa un riesgo sanitario para las comunidades que dependen del canal para su abastecimiento de agua, debido a la descomposición de los animales muertos.

Las organizaciones demandantes sostienen que el canal fue mal diseñado y nunca se consideraron ni monitorearon sus efectos sobre la biodiversidad. A pesar de la Resolución N° 53/24 de la Defensoría del Pueblo, que en diciembre de 2024 instó a las autoridades a tomar medidas correctivas, no se implementaron acciones efectivas. El canal atraviesa la ecorregión del Chaco Seco, una de las más amenazadas del planeta por la deforestación y degradación ambiental, y Santiago del Estero lideró la deforestación nacional entre 2009 y 2023.

La demanda, respaldada por estudios científicos y técnicos, exige la elaboración de un plan de recomposición ambiental, monitoreo sistemático y obras de mitigación que permitan compatibilizar el desarrollo regional con la protección de la biodiversidad. Los ambientalistas subrayan que el acceso al agua es un derecho humano fundamental, pero advierten que la infraestructura no puede construirse a costa del ambiente. Ahora, la Corte Suprema deberá determinar si la obra vulnera principios constitucionales y sentar un precedente en materia de conservación ambiental y desarrollo sostenible.