El Gobierno nacional dispuso el cierre y desalojo del Instituto Juan Domingo Perón y del espacio cultural-gastronómico "Un café con Perón", ambos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. La medida, ejecutada por el Ministerio de Capital Humano, implica la rescisión anticipada del contrato de concesión de la cooperativa que gestionaba el café, a la que se le otorgó un plazo de diez días para abandonar el lugar, pese a que el acuerdo original tenía vigencia hasta 2027.

El Instituto Juan Domingo Perón, declarado Monumento Histórico Nacional, fue cerrado oficialmente en mayo, y en los últimos días se procedió al traslado de su patrimonio material, incluyendo documentos, objetos personales y placas conmemorativas, sin que se informara públicamente el destino de estos bienes. El edificio, parte de la antigua residencia presidencial de Perón y Evita, fue escenario de manifestaciones y ocupaciones por parte de exempleados, militantes y dirigentes políticos, entre ellos Juan Grabois y la diputada Natalia Zaracho, quienes denunciaron la medida como un intento de borrar símbolos históricos del peronismo.

La cooperativa de trabajo Lo de Néstor, responsable de "Un café con Perón", denunció que la decisión del Gobierno deja sin empleo a unas 30 familias y afecta un espacio que, además de su función gastronómica, cumplía un rol cultural y de preservación de la memoria histórica. "No puede ser que así, de un día para otro, te digan que te tenés que ir cuando hace tres años que estás cuidando el lugar, invirtiendo, trabajando", expresó Leonardo Duva, presidente de la cooperativa.

Desde el Gobierno, la justificación oficial apunta a la necesidad de reducir gastos y optimizar recursos estatales, señalando que tanto el Instituto como el café representaban una carga presupuestaria innecesaria. Sin embargo, la medida generó una ola de solidaridad con los trabajadores y protestas en el lugar, incluyendo un abrazo simbólico y la ocupación del edificio por parte de militantes.

El conflicto se inscribe en un contexto de recortes y reestructuración de organismos estatales, y la cooperativa ha iniciado acciones legales para intentar revertir la decisión. Mientras tanto, la situación permanece abierta, con la posibilidad de nuevas protestas y desarrollos judiciales en los próximos días.