El presidente Javier Milei vivió una accidentada jornada en Ushuaia, Tierra del Fuego, donde debió suspender una caminata proselitista en el centro de la ciudad debido a intensas protestas y un clima de fuerte rechazo social. La visita, enmarcada en la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, tenía como objetivo respaldar a los candidatos libertarios locales, pero terminó marcada por la tensión y la escasa convocatoria de simpatizantes.

Diversos sectores sindicales, docentes, estatales y vecinos se movilizaron para expresar su descontento con la gestión nacional y las recientes medidas que afectaron la economía fueguina, especialmente tras el cierre de la textil Australtex, que dejó sin empleo a entre 500 y 600 trabajadores. El secretario general de la UOM, Oscar Martínez, declaró: “El Presidente no es bienvenido acá. Hoy la situación es de malestar contra este Gobierno, de rechazo por todas las políticas implementadas y la pérdida de puestos de trabajo que se han generado”.

El operativo de seguridad fue notable y la caminata prevista por Milei no logró reunir más de 70 personas, lo que llevó a la suspensión del acto. El presidente solo pudo dirigirse brevemente a los presentes con un megáfono antes de retirarse. El viaje generó polémica por el uso de tres aviones estatales, con un costo estimado de 300 mil dólares, lo que fue criticado por la oposición y sectores sociales.

En declaraciones posteriores, Milei atribuyó las protestas a una “dinámica del kirchnerismo” y defendió tanto a su hermana Karina Milei, involucrada en una causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, como su política económica. Además, negó que Estados Unidos haya exigido el abandono del swap con China y aseguró que las reuniones en ese país abren la posibilidad de un nuevo financiamiento.

La visita a Ushuaia refleja el clima de polarización política y social que atraviesa la Argentina en la antesala de las elecciones, con un gobierno que enfrenta crecientes cuestionamientos y una oposición que busca capitalizar el descontento local. El impacto de la crisis laboral y las decisiones económicas nacionales continúan siendo el eje de las disputas en la provincia más austral del país.