Una comitiva de funcionarios y legisladores libertarios argentinos quedó en el centro de la polémica tras ser sorprendida en Dubái durante un viaje oficial que, debido a la guerra entre Israel e Irán, se desvió de su destino original. El grupo, integrado por la subdirectora ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Romina Núñez, la legisladora porteña Lucía Montenegro, la diputada salteña María Emilia Orozco y el secretario de discapacidad de San Luis, Luis Giraudo, entre otros, había partido el 11 de junio rumbo a Tel Aviv para participar de una capacitación sobre accesibilidad. Sin embargo, el cierre del espacio aéreo israelí los obligó a permanecer cinco días en Dubái, donde aprovecharon para realizar actividades turísticas y compartir imágenes en redes sociales.

El viaje, financiado según los funcionarios por la embajada de Israel, generó un fuerte repudio de organizaciones y familias de personas con discapacidad, quienes cuestionaron la oportunidad y el uso de recursos en un contexto de severos recortes en el área. "Mientras las personas con discapacidad siguen esperando lo que por ley y dignidad les corresponde, ellos están de festejo, riéndose, como si nada", denunciaron desde la ONG Familias TEA de Quilmes. El diputado Daniel Arroyo calificó el episodio como "una absoluta vergüenza" y remarcó la angustia que atraviesan prestadores y familias ante la crisis del sector.

Luis Giraudo, único integrante de la comitiva que respondió públicamente, defendió el viaje y aseguró que todos los gastos fueron cubiertos por la embajada israelí. "La embajada de Israel me pagó absolutamente todo, el pasaje que valió 3 millones de pesos y la estadía pequeña en Dubái. Es muy mentiroso y malicioso lo que se dijo", afirmó. Sin embargo, el gasto total estimado del viaje ascendió a 61 mil dólares, según algunas fuentes, lo que alimentó la controversia sobre el uso de fondos públicos.

El episodio se produce en medio de un ajuste estatal que incluye la reducción de pensiones y prestaciones para personas con discapacidad, y en un contexto donde la transparencia y las prioridades en el uso de recursos públicos están bajo la lupa. La polémica reavivó el debate sobre la sensibilidad y el compromiso de los funcionarios con los sectores más vulnerables, mientras organizaciones sociales preparan nuevas movilizaciones para exigir respuestas y garantías de derechos.