El Congreso argentino se prepara para debatir un proyecto de ley que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en el marco de un nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, ha generado un intenso debate entre el oficialismo, la oposición y diversos sectores sociales.

El proyecto, que será tratado en un plenario de comisiones, propone un sistema integral para abordar la problemática de los menores en conflicto con la ley. Entre sus principales puntos, se destaca la derogación de la Ley 22.278, vigente desde 1980, y la implementación de un régimen diferenciado para adolescentes de 14 a 18 años. Este incluiría penas alternativas a la prisión, como trabajo comunitario y programas socioeducativos, reservando la privación de libertad para casos graves.

La propuesta ha recibido críticas de la Iglesia Católica, organismos de derechos humanos y sectores de la oposición. Monseñor Dante Braida, presidente de la Comisión de Pastoral Social, expresó que "poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz" y abogó por un enfoque preventivo y multisectorial. Por su parte, especialistas han advertido que la medida podría incrementar la criminalización de la juventud sin abordar las causas estructurales de la delincuencia.

El oficialismo, sin embargo, confía en obtener un dictamen favorable gracias a acuerdos con sectores de la UCR, PRO y otros bloques aliados. Legisladores oficialistas han destacado que el proyecto busca garantizar derechos procesales y evitar que menores cumplan penas en cárceles comunes. Además, subrayan que la legislación actual es obsoleta y no cumple con estándares internacionales.

El debate se da en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad, exacerbada por casos recientes de delitos graves cometidos por menores. Uno de los casos más resonantes fue el asesinato de una niña de 7 años durante un robo, lo que reavivó la discusión sobre la imputabilidad de menores.

A pesar de las divisiones, existe consenso en la necesidad de reformar el régimen penal juvenil. Sin embargo, las posturas varían en cuanto a la edad mínima de imputabilidad y las medidas específicas a implementar. El proyecto también enfrenta críticas por no contemplar partidas presupuestarias para la construcción de centros de detención para jóvenes, lo que plantea interrogantes sobre su viabilidad práctica.

El debate continuará en las próximas semanas, con la expectativa de que el Congreso logre un consenso que equilibre la protección de los derechos de los menores con las demandas de seguridad de la sociedad.