Fernando Sabag Montiel, conocido por su implicación en el intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en 2022, ha sido condenado a cuatro años y tres meses de prisión por tenencia y distribución de contenido de abuso sexual infantil. La sentencia fue dictada por la jueza Julia Correa, titular del Juzgado PCyF 28, tras un juicio abreviado en el que el acusado reconoció los hechos.

La investigación, liderada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), reveló que Sabag Montiel poseía una tarjeta de memoria con 17 imágenes y 102 videos de explotación sexual infantil. Además, se comprobó que el imputado había enviado este material explícito a través de la red social Instagram en tres ocasiones. "En la Ciudad de Buenos Aires, no hay margen para la impunidad en delitos que atentan contra la integridad de niños y adolescentes", afirmó el Fiscal General Juan Bautista Mahiques tras conocerse el fallo.

El caso se originó a raíz de la investigación por el intento de atentado contra Cristina Kirchner, ocurrido en septiembre de 2022 en la puerta de su domicilio en el barrio de Recoleta. Durante las pesquisas, se descubrió el material ilícito que llevó a esta nueva condena. "Este fallo demuestra que el sistema de justicia de la Ciudad está preparado para investigar delitos complejos", añadió Mahiques, destacando el trabajo de la fiscal Daniela Dupuy y su equipo.

La condena de cuatro años y tres meses de prisión efectiva se suma a una pena previa de un año en suspenso que Sabag Montiel había recibido por el delito de tenencia ilegítima de documento nacional de identidad ajeno. Este nuevo fallo refuerza la postura de "tolerancia cero" hacia los delitos que afectan a menores de edad y subraya la capacidad del sistema judicial para abordar casos de alta complejidad.

El impacto de esta sentencia trasciende el caso individual, ya que pone de relieve la importancia de la protección de los derechos de los niños y adolescentes en la sociedad. Además, podría sentar un precedente en la forma en que se manejan futuros casos relacionados con delitos similares, consolidando la confianza en el sistema judicial argentino.