El asesor presidencial Santiago Caputo ha sido denunciado por el diputado Facundo Manes tras un incidente ocurrido durante el debate de candidatos porteños. Según la denuncia, Caputo bloqueó la cámara del fotógrafo Antonio Becerra y fotografió su credencial, un acto que Manes calificó como intimidatorio y parte de un patrón recurrente de amenazas coactivas.

El hecho tuvo lugar en la entrada al debate, donde Becerra, reportero gráfico de Tiempo Argentino, realizaba su labor periodística. Según testigos, Caputo alzó su mano para bloquear la lente de la cámara y luego tomó la credencial del fotógrafo para fotografiarla con su teléfono móvil. La credencial, emitida por la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA), llevaba en su reverso una imagen de José Luis Cabezas, el reportero gráfico asesinado en los años 90, lo que añadió un simbolismo inquietante al acto.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió a Caputo, argumentando que el asesor solo quería verificar quién era el fotógrafo. Sin embargo, esta explicación fue recibida con escepticismo por parte de la oposición y sectores de la prensa. Lula Levy, candidata radical, calificó el acto como un intento de intimidación y llamó a un repudio conjunto de los candidatos al debate. "En el país de Cabezas, esto no es casual. Buscan silenciar y amedrentar", afirmó Levy.

Este incidente se suma a una denuncia previa presentada por Manes contra Caputo por amenazas en el Congreso durante la Apertura de Sesiones Ordinarias. Aunque esa causa fue archivada por la jueza María Eugenia Capuchetti, Manes ha apelado la decisión, y la Cámara Federal deberá decidir si reabre el caso. En su denuncia, Manes argumenta que Caputo utiliza su posición de poder para intimidar tanto a legisladores opositores como a periodistas críticos, lo que, según él, representa una amenaza para la libertad de expresión y el pluralismo democrático.

El episodio ha generado un debate más amplio sobre la relación entre el gobierno y la prensa, en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones legislativas porteñas. La Cámara Federal tiene ahora en sus manos la decisión de avanzar o no con la investigación, un fallo que podría tener implicaciones significativas tanto legales como políticas.