El escándalo que involucra a José Luis Espert, principal candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, ha desencadenado una crisis política de gran envergadura en el oficialismo. Espert admitió públicamente haber recibido una transferencia de USD 200 mil de Federico “Fred” Machado, empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos, lo que generó una ola de cuestionamientos y presiones tanto dentro del Gobierno como desde la oposición.

La situación se agravó cuando Espert, en un video grabado a instancias del equipo de comunicación oficialista, reconoció haber recibido pagos de Machado, aunque intentó desvincularlos de la financiación de su campaña electoral. Sin embargo, la falta de claridad en sus explicaciones y la existencia de versiones cruzadas sobre el origen y destino de los fondos incrementaron la desconfianza pública y política. “No hay una resolución barata ni rápida para esta crisis”, advirtió el analista Facundo Nejamkis, subrayando el alto costo político que enfrenta el Gobierno.

El presidente Javier Milei decidió sostener a Espert en su candidatura, pese a las presiones de referentes como Patricia Bullrich y a la exigencia de la oposición de apartarlo, condición que han puesto para avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026. La crisis impactó de lleno en la campaña oficialista, especialmente en el norte del país, donde los candidatos de La Libertad Avanza suspendieron actos públicos y evitaron el contacto con los medios para no enfrentar preguntas incómodas.

El escándalo se produce en un contexto de crisis económica y desconfianza institucional, agravando la incertidumbre de cara a las elecciones del 26 de octubre. La provincia de Buenos Aires, epicentro del caso, representa el 37% del electorado nacional, lo que amplifica el impacto político y electoral del episodio. Analistas advierten que la debilidad del Gobierno y la falta de liderazgo para gestionar la crisis podrían tener consecuencias impredecibles en la gobernabilidad y en la construcción de poder a nivel nacional.

Mientras tanto, la campaña oficialista se replegó y la narrativa pública quedó fuera de control, con el riesgo de que el escándalo siga erosionando la imagen del Gobierno y complique aún más la aprobación de leyes clave en el Congreso. El desenlace de la crisis y su impacto en las urnas permanecen inciertos, en un clima de creciente desconfianza y polarización política.