La situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a ocupar el centro de la escena política argentina tras la decisión del juez Jorge Gorini de imponer nuevas restricciones a su prisión domiciliaria y ordenar el decomiso de bienes pertenecientes a ella y a sus hijos. La medida, que se fundamenta en presuntas violaciones a las condiciones de su detención y en la sospecha de que los bienes fueron adquiridos con fondos ilícitos, ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y social.

La defensa de Fernández de Kirchner sostiene que las decisiones judiciales carecen de fundamentos legales sólidos y que no se han respetado las garantías constitucionales ni el derecho de defensa. "Nada de ello ocurrió en estos casos", argumentaron los abogados de la ex presidenta, quienes ya anunciaron que apelarán la medida. Además, citaron antecedentes judiciales en los que se rechazó el decomiso de bienes por falta de pruebas directas sobre su origen ilícito.

En paralelo, la ex mandataria utilizó sus redes sociales para denunciar lo que considera una campaña mediática y política en su contra. "No es la foto… es la Economía estúpido", escribió CFK, vinculando los ataques a su figura con el debate sobre el modelo económico nacional y las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Según Fernández de Kirchner, el verdadero motivo de la ofensiva mediática y judicial es su propuesta de un modelo productivo alternativo al actual.

El contexto en el que se desarrollan estos hechos está marcado por una profunda crisis económica, altos niveles de endeudamiento y políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional. Esta situación ha intensificado la polarización política y social, con sectores oficialistas y opositores manteniendo posturas irreconciliables sobre la legitimidad y el trasfondo de las medidas judiciales.

La causa contra Fernández de Kirchner se inscribe en una larga serie de investigaciones por presunta corrupción y lavado de dinero que han involucrado a altos funcionarios de gobiernos anteriores. El debate sobre la independencia del Poder Judicial y su relación con el poder político sigue siendo un tema central en la agenda pública argentina, mientras se esperan las resoluciones de las instancias judiciales superiores y las eventuales repercusiones políticas de este nuevo capítulo.