La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta nuevas restricciones en su régimen de prisión domiciliaria y el decomiso de bienes, tras una serie de decisiones judiciales que han reavivado el debate sobre la independencia del Poder Judicial en Argentina. El juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2, endureció las condiciones de detención de Fernández de Kirchner luego de que se difundiera una fotografía de la ex mandataria reunida con economistas en su domicilio, encuentro que, según la defensa, contaba con autorización previa.

La resolución judicial también incluyó el decomiso de bienes pertenecientes a la ex presidenta y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. La defensa de la familia Kirchner sostiene que las medidas adoptadas carecen de fundamentos legales sólidos y que no se respetaron las garantías procesales, por lo que han presentado recursos de apelación. Argumentan que la jurisprudencia reciente protege la propiedad privada y que el decomiso debe estar debidamente acreditado en el marco de un proceso respetuoso del derecho de defensa.

El caso ha generado una fuerte repercusión en la opinión pública y en el ámbito político. Cristina Fernández de Kirchner denunció en redes sociales una "persecución mediática y judicial", señalando que las verdaderas motivaciones detrás de las medidas son políticas y económicas, especialmente tras la presentación de un documento que propone un modelo productivo alternativo al del actual gobierno de Javier Milei. Por su parte, sectores oficialistas y medios afines justifican las decisiones judiciales como parte de la lucha contra la corrupción y la necesidad de garantizar la transparencia institucional.

Analistas y juristas han expresado opiniones divididas sobre la legalidad y la proporcionalidad de las medidas adoptadas, señalando posibles arbitrariedades y la influencia de factores políticos y mediáticos en el accionar judicial. El episodio se produce en un contexto de crisis económica y alta polarización política, lo que refuerza la centralidad del caso en la agenda pública y anticipa nuevas controversias en torno a la relación entre justicia y política en Argentina.