El exintendente de El Brete, José Eugenio Díaz, fue condenado a tres años de prisión condicional por abuso sexual y coacción contra empleadas municipales, en un fallo que generó fuerte polémica en Córdoba. Los hechos, ocurridos entre 2002 y 2004, salieron a la luz tras denuncias de al menos cuatro mujeres que trabajaban en la comuna y que aseguraron haber sido extorsionadas sexualmente a cambio de planes sociales o la continuidad en sus empleos.

La sentencia, dictada por la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, llegó más de veinte años después de las primeras denuncias. Díaz, quien también fue legislador provincial, reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado, lo que permitió un acuerdo entre la fiscalía y la defensa para fijar la pena en tres años de prisión condicional. El juez Ángel Andreu explicó que, ante el acuerdo de partes, no tenía margen para modificar la condena.

Durante el proceso, las víctimas relataron situaciones de acoso, amenazas y presión psicológica. "Todo era a cambio de sexo, nunca se ocultó. En ese tiempo no teníamos posibilidad de decir nada, porque era él quien manejaba todo", declaró una de las afectadas. Otra denunciante recordó que Díaz le advirtió: "Pensalo bien, porque tenés una hija, así como le devolví el plan a tu madre, te lo puedo quitar".

El fallo también incluyó una reparación económica de 3,5 millones de pesos para cada víctima que aceptó el acuerdo y la obligación de Díaz de mantenerse alejado de ellas y someterse a tratamiento psicológico. Sin embargo, la sentencia no incluyó la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que fue duramente cuestionado por las víctimas y sus representantes legales.

El caso expuso la demora judicial y la vulnerabilidad de las mujeres en contextos de dependencia laboral y social. Organizaciones sociales y familiares de las víctimas se manifestaron frente a los tribunales, reclamando una condena más severa y una revisión de los mecanismos judiciales que permitieron el letargo del proceso. El fallo también ordenó investigar la actuación de un abogado que representó a ambas partes en distintos momentos del proceso.

La familia de Díaz mantiene influencia política en El Brete, donde su hijo ocupa actualmente la jefatura comunal. El caso deja planteado el debate sobre la respuesta judicial ante delitos de abuso de poder y violencia de género en el ámbito público.