Un juez de Familia de Neuquén autorizó la realización de una cirugía urgente a un recién nacido en el hospital Castro Rendón, pese a la oposición de sus padres, miembros de los Testigos de Jehová, quienes rechazaban una eventual transfusión de sangre por motivos religiosos. El bebé, de apenas un día de vida, había sido trasladado de urgencia desde San Martín de los Andes tras ser diagnosticado con una obstrucción intestinal que ponía en grave riesgo su vida.

La intervención judicial fue solicitada por la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente, dirigida por Laura Lucero, quien presentó una medida autosatisfactiva para obtener una respuesta rápida ante la inminencia del peligro. El juez Luciano Zani resolvió autorizar la cirugía, fundamentando su decisión en el principio del interés superior del niño, consagrado tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como en la legislación nacional.

En su fallo, el magistrado sostuvo que la responsabilidad parental otorga a los progenitores la facultad de decidir sobre la salud de sus hijos, pero aclaró que este derecho no es absoluto. “Cuando las decisiones de los progenitores, amparadas en creencias religiosas o estilos de vida, restringen el acceso del niño a cuidados médicos esenciales, el Estado tiene la obligación legal y moral de intervenir para restablecer los derechos afectados”, argumentó Zani.

La cirugía se realizó bajo respaldo legal, permitiendo al equipo médico actuar sin el consentimiento de los padres y priorizando la vida y la salud del menor. Según fuentes médicas, el bebé evolucionaba favorablemente tras la intervención. El caso fue resuelto en cuestión de horas, dada la urgencia clínica y la gravedad del cuadro.

Este episodio reaviva el debate sobre los límites de la libertad religiosa y la autonomía familiar frente a la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales de los menores. Existen antecedentes en Argentina de intervenciones judiciales similares, donde la justicia priorizó la salud y la vida de los niños por sobre las creencias de sus padres. La resolución del juez Zani consolida la jurisprudencia que establece que el interés superior del niño debe prevalecer en situaciones críticas, sentando un precedente para futuros casos en los que se enfrenten derechos constitucionales en tensión.