El Gobierno nacional disolvió el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, trasladando su patrimonio a la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación y el Museo Evita, en el marco de un plan de austeridad y reorganización estatal. El edificio, ubicado en el histórico Palacio Unzué de la ciudad de Buenos Aires, quedó vacío y bajo custodia del Ministerio de Capital Humano, mientras se realiza el inventario patrimonial de sus bienes, entre los que se encuentran documentos, objetos históricos y colecciones vinculadas al peronismo.

La medida generó una fuerte reacción de sectores opositores y militantes peronistas. El sábado, el dirigente social Juan Grabois, junto a un grupo de militantes, tomó el edificio en señal de protesta, lo que derivó en su detención por parte de la Policía Federal. Grabois fue liberado horas después, pero la oposición denunció que la detención fue de carácter político y sin orden judicial, señalando que fue ordenada directamente por autoridades del Ejecutivo. El senador bonaerense Federico Fagioli afirmó que "fue una detención 100% política" y cuestionó la legalidad del procedimiento.

En paralelo, se cerró el restaurante "Un Café con Perón", gestionado por la cooperativa "Lo de Néstor", que estaba bajo investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos estatales y cuya habilitación había sido revocada. El Gobierno informó que el local funcionaba sin los permisos correspondientes y que la concesión fue retirada en el marco del decreto de disolución del Instituto.

El Ejecutivo aseguró que el edificio no será vendido ni demolido, y que se analiza su reutilización para fines culturales y sociales, como la creación de una biblioteca pública inclusiva. Mientras tanto, todos los empleados del Instituto fueron despedidos, lo que generó reclamos laborales y denuncias de despidos injustificados.

La disolución del Instituto Perón y los hechos posteriores reavivaron el debate sobre el uso de bienes públicos, la preservación del patrimonio histórico y la legalidad de las acciones gubernamentales. El caso también puso bajo la lupa la gestión de cooperativas vinculadas a espacios culturales y sociales, así como el destino de los fondos estatales asignados a estos emprendimientos. El futuro del edificio y de su acervo patrimonial dependerá de las decisiones que adopten las autoridades en los próximos meses, en medio de un clima de tensión política y social.