La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) investiga presuntas irregularidades en la venta del predio donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCC) en Puerto Madero, Buenos Aires. El inmueble, considerado estratégico para la protección digital de objetivos críticos nacionales, fue subastado por 34 millones de dólares al fideicomiso Madero 6, en el marco de un plan de disposición de bienes estatales autorizado por el Decreto 950/2024, impulsado por el presidente Javier Milei.

La denuncia, registrada el 10 de noviembre bajo el código KLGZ-246, señala la falta de un plan de transición detallado y advierte sobre las eventuales consecuencias estratégicas de un posible ciberataque durante el traslado del CCC. El proceso de mudanza tiene como fecha de conclusión marzo de 2026, y se evalúa la reubicación del organismo en un edificio de la Fuerza Aérea ubicado en Recoleta.

Entre los funcionarios investigados se encuentran el general de brigada Luis Guimpel, comandante del CCC, y el brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. La denuncia sostiene que ambos habrían omitido plantear objeciones ante la venta del inmueble sin un plan de reemplazo definido ni presupuesto asignado para una nueva sede segura. También se cuestiona la actuación del secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Marcelo Alejandro Rozas Garay, por su rol en la planificación y gestión de la operación.

Expertos en ciberseguridad consultados por Ámbito plantearon interrogantes sobre si se analizaron los riesgos y costos de operación, infraestructura y logística antes de autorizar la venta, y si se comprobaron las vulnerabilidades en la seguridad digital de los objetivos críticos. La diputada Agustina Propato, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, criticó la aplicación del concepto de "innecesariedad" a un inmueble que alberga funciones cruciales para la defensa nacional.

El CCC fue creado en 2014 por resolución del Ministerio de Defensa y tiene como misión proteger la infraestructura digital y los sistemas de comunicación del país. La venta del predio y la falta de un plan de transición han generado preocupación en el ámbito legislativo y entre especialistas, quienes advierten sobre el impacto en la capacidad estratégica de defensa ante ciberataques. La investigación de la PIA busca determinar si los funcionarios responsables cumplieron con sus deberes y si se tomaron las medidas necesarias para mitigar los riesgos de seguridad nacional.