Jueces federales de todo el país manifestaron su preocupación ante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 575/2025, que transfiere la administración de bienes decomisados en causas penales al Poder Ejecutivo. El pronunciamiento se realizó durante la reunión de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales Penales en Córdoba, donde se debatieron los alcances de la nueva normativa y sus posibles consecuencias para la independencia judicial.

Según los comunicados difundidos, los magistrados advierten que el DNU introduce obstáculos operativos y contradicciones normativas, lo que podría afectar la transparencia en la gestión de activos incautados y la Ley de Autarquía Judicial, que reserva a la Justicia la administración de sus recursos. "Advertimos con preocupación las dificultades que se presentarán frente a la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 575/2025", señala el texto firmado por los presidentes de las Cámaras Federales.

El decreto crea el Consejo de Bienes Recuperados, dependiente del Ministerio de Justicia, encargado de supervisar y coordinar la administración de bienes provenientes de actividades ilícitas. Los jueces sostienen que esta medida soslaya el trabajo realizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialmente la Acordada N° 22/25, que regula el destino de efectos secuestrados y objetos decomisados desde 1991.

Además, los magistrados expresaron su inquietud por el posible impacto del DNU en el presupuesto judicial y la transparencia del destino de los recursos. "El nuevo régimen jurídico genera interrogantes, contradicciones y superposiciones regulatorias que atentan contra los mismos propósitos que inspiraron su dictado", agregaron.

Durante la reunión, también se abordó la situación de la jueza federal de Rosario, Natalia Martínez, quien fue víctima de una intimidación en su domicilio. Los jueces expresaron su solidaridad y exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva y medidas de seguridad para la magistrada y todos los integrantes del Poder Judicial.

En el mismo encuentro, se defendió la independencia de la Corte Suprema frente a las críticas recibidas por sus fallos y se reiteró la necesidad de cubrir las vacantes judiciales existentes. "El fortalecimiento de las instituciones democráticas y la unidad en defensa de la justicia serán el camino para superar este tipo de hechos que pretenden erosionar la vigencia de la ley y la paz social", concluyeron los jueces federales.

El debate sobre la administración de bienes decomisados se da en un contexto de alta sensibilidad política y judicial, con tensiones entre el Gobierno y el Poder Judicial por la autonomía y el control de recursos provenientes de delitos económicos y corrupción.