El presidente Javier Milei oficializó la designación del teniente general Carlos Presti, actual jefe del Ejército Argentino, como próximo ministro de Defensa. La decisión, confirmada tras la ceremonia de entrega de sables en la Casa Rosada, implica que Presti asumirá el cargo sin pasar a retiro militar, permaneciendo en situación de "disponibilidad" conforme a la Ley 19.101.

La medida representa un giro significativo respecto a la tradición democrática argentina, que desde 1983 reservó la conducción del Ministerio de Defensa a civiles como símbolo de la subordinación militar al poder político. Fuentes oficiales indicaron que el gobierno busca que Presti jure con uniforme militar, en lo que consideran una "declaración de principios" sobre el respaldo a las Fuerzas Armadas.

El nombramiento ha generado debate tanto en el ámbito político como en el militar. Mientras algunos sectores advierten sobre un posible retroceso en la institucionalidad democrática, otros destacan la idoneidad y experiencia de Presti para el cargo. "Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar. Voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. Como ministro, pero está contemplado legalmente qué es lo que corresponde a este tipo de situaciones", declaró Presti tras el anuncio.

La decisión también ha provocado tensiones internas en las Fuerzas Armadas, ya que Presti, al permanecer en actividad, superará en jerarquía a otros jefes con mayor antigüedad. El gobierno, por su parte, sostiene que la medida busca reivindicar el rol de las Fuerzas Armadas y profundizar su protagonismo en la gestión pública.

El debate revive antecedentes históricos, incluyendo la presencia de militares en el gabinete durante gobiernos peronistas y dictaduras, y plantea interrogantes sobre el futuro equilibrio entre poder civil y militar en la conducción de la defensa nacional.