El próximo martes 6 de mayo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llevará a cabo un paro nacional de colectivos de 24 horas, afectando a más de 300 líneas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras ciudades del interior del país. La medida, que podría impactar a unos 9 millones de pasajeros, surge tras el fracaso en las negociaciones salariales con las cámaras empresariales y la finalización del período de conciliación obligatoria.

El conflicto se centra en la propuesta salarial presentada por las empresas, que incluye un aumento remunerativo inferior al 6% y sumas no remunerativas de $40,000, $50,000 y $70,000 a pagarse entre mayo y julio. La UTA calificó esta oferta como "vergonzosa" y denunció la falta de acción por parte de las autoridades nacionales, provinciales y locales. "El sistema de transporte solo se sostiene gracias al esfuerzo de los trabajadores", afirmó Roberto Fernández, secretario general del gremio.

En un comunicado oficial, la UTA expresó su descontento: "No vamos a tolerar esta farsa prolongada, ni vamos a permitir que se siga poniendo en juego el poder adquisitivo, la dignidad y el sustento de más de 60,000 familias trabajadoras". Además, convocaron a todos los trabajadores a unirse en defensa de sus salarios.

El paro también coincide con cambios en el Gobierno. Franco Mogetta, hasta ahora secretario de Transporte, fue reemplazado por Luis Pierrini, un empresario del sector asegurador sin experiencia previa en gestión de transporte. Este cambio se da en un contexto de tensiones políticas y una reforma en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Mientras tanto, ciudades como Córdoba y Santa Fe ya confirmaron su adhesión a la medida de fuerza, aunque Rosario aún no define su postura. Desde el sector empresarial, Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, señaló que "estamos lejos de poder negociar y llegar a un acuerdo".

El lunes 5 de mayo se llevará a cabo una nueva audiencia de conciliación entre la UTA, las cámaras empresariales y la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, las expectativas de un acuerdo son bajas, lo que hace que el paro sea prácticamente inevitable. La situación plantea un desafío significativo para el Gobierno y el sector del transporte, en un momento crítico para la economía y la política del país.