El Gobierno argentino ha anunciado un paquete de medidas fiscales destinadas a reducir los precios de productos electrónicos, como celulares, televisores y consolas de videojuegos. Estas medidas incluyen la reducción de aranceles de importación y la simplificación de códigos aduaneros, con el objetivo de fomentar el consumo y hacer más accesibles estos productos para los ciudadanos.

Entre las principales disposiciones, se destaca la reducción de los aranceles de importación de celulares del 16% al 8%, con una eliminación total prevista para enero de 2026. Además, los impuestos internos para productos importados, como celulares y televisores, se reducirán del 19% al 9,5%, mientras que los productos fabricados en Tierra del Fuego estarán exentos de este impuesto, pasando del 9,5% al 0%. Estas medidas se complementan con la implementación de un sistema de courier que permitirá envíos directos desde Tierra del Fuego al continente, eliminando intermediarios y reduciendo costos logísticos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que estas iniciativas buscan equiparar los precios locales con los de países vecinos, proyectando una reducción de hasta el 30% en los precios de productos electrónicos. "Queremos que cualquier argentino pueda acceder a precios competitivos, muchas veces por debajo de los países linderos", afirmó Caputo.

Sin embargo, las medidas han generado preocupación en la industria de Tierra del Fuego, que representa el 35% del PBI de la provincia. El gobernador Gustavo Melella calificó las disposiciones como un "golpe duro" para la producción local y alertó sobre el impacto en el empleo y la economía regional. "Vamos a redoblar los esfuerzos en defensa de nuestra industria ante este nuevo embate", expresó Melella.

Empresarios del sector también han manifestado opiniones divididas. Mientras que algunos celebran la baja de impuestos internos como un incentivo para el consumo, otros advierten sobre la dificultad de competir con productos importados más baratos. "El costo argentino es muy alto, y todavía hay que mejorar mucho la productividad para competir en igualdad de condiciones", señaló el CEO del Grupo Newsan.

Por otro lado, economistas destacan que la medida podría beneficiar a los consumidores al reducir los precios y estimular la competencia. Sin embargo, advierten sobre el costo fiscal que implicará para el Estado, estimado entre 200 y 250 millones de dólares.

El decreto que oficializa estas medidas será publicado en los próximos días, y se espera que su implementación tenga un impacto significativo tanto en el mercado como en la industria local. Mientras tanto, el debate sobre los beneficios y riesgos de esta política continúa.