El pasado miércoles 17 de septiembre, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó por amplias mayorías los vetos presidenciales de Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica, que afecta al Hospital Garrahan, y de Financiamiento Universitario. La votación, que contó con 181 votos a favor para la ley Garrahan y 175 para la universitaria, representó una dura derrota para el oficialismo, que perdió apoyos incluso entre sus aliados naturales, como diputados del PRO y otros bloques que hasta entonces acompañaban la agenda del gobierno.

Mientras tanto, en las afueras del Congreso, miles de estudiantes, docentes, trabajadores de la salud y jubilados se manifestaron en defensa de la educación y la salud pública, en una movilización que superó la convocatoria de otras jornadas recientes. La sincronía entre la presión social y el resultado parlamentario fue celebrada con festejos espontáneos en la plaza y en redes sociales, reflejando el clima de descontento y resistencia frente a las políticas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo.

El rechazo a los vetos no solo evidenció la debilidad parlamentaria del gobierno, sino también fracturas internas en los bloques aliados, con legisladores que cambiaron su postura y votaron en favor de las leyes. El Senado se prepara ahora para debatir estos rechazos en la primera semana de octubre, en un contexto de creciente tensión política y social.

En paralelo, la situación económica se agravó: el Banco Central debió intervenir vendiendo reservas para contener la suba del dólar, mientras el riesgo país superó los 1400 puntos. El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente prevé nuevos recortes en áreas sensibles como educación, salud y jubilaciones, lo que ha generado preocupación y rechazo entre diversos sectores.

El oficialismo, por su parte, endureció su discurso, acusando a la oposición de promover una "campaña destituyente" y de obstaculizar el equilibrio macroeconómico. Sin embargo, la movilización social y la articulación parlamentaria han demostrado capacidad de resistencia y organización, abriendo un debate sobre la necesidad de sostener la presión para garantizar la aplicación efectiva de las leyes y defender los derechos conquistados.

El desenlace en el Senado y la continuidad de la movilización serán claves para el futuro político y social del país, en un escenario marcado por la crisis y la disputa por el rumbo de las políticas públicas.