La Cámara de Apelaciones de Nueva York se encuentra en el centro de la atención internacional al evaluar la continuidad de la suspensión de la orden judicial que obliga a la Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park. Esta medida surge tras el fallo de la jueza Loretta Preska, quien en junio ordenó la entrega de las acciones como forma de pago de una sentencia que exige al país abonar US$ 16.100 millones más intereses, en el marco del litigio por la expropiación de la petrolera en 2012.

La decisión de la Cámara, que aún no ha sido publicada debido a rumores de un posible hackeo ruso al sistema judicial estadounidense, mantiene en vilo a los actores involucrados. El sistema Pacer, donde se publican las novedades judiciales, habría sido objeto de filtraciones, lo que ha generado demoras e incertidumbre sobre el futuro del caso. "La que faltaba: el New York Times informa que Rusia habría hackeado Pacer, el sitio de información de la justicia federal estadounidense en el que los especialistas seguimos los expedientes de casos que involucran a la Argentina, como el de YPF", señaló el experto Sebastián Soler.

El Estado argentino, representado por la Procuración del Tesoro y respaldado por el Departamento de Justicia de EE.UU., sostiene dos apelaciones en paralelo: una contra la sentencia de primera instancia y otra contra la orden de entrega de acciones. Mientras tanto, el tribunal debe decidir si mantiene la suspensión, ejecuta el fallo o devuelve el expediente para una medida menos extraordinaria. "La Cámara va a determinar si sigue suspendiendo la orden de Preska de entregar acciones de YPF. Sería razonable que lo hiciera, teniendo en cuenta que también ha aceptado analizar si las normas de inmunidad soberana de EEUU prohíben dictar una orden semejante", explicó Soler.

El impacto económico y reputacional para Argentina es considerable, especialmente en un contexto donde el gobierno busca financiamiento internacional. El balance reciente de YPF muestra una caída de ganancias y un aumento de la deuda, lo que preocupa a inversores y pone en evidencia la fragilidad financiera de la compañía. "Tener acciones de una compañía que se descapitaliza es un dolor de cabeza. Más allá de la rentabilidad financiera, nos preocupa el destino de la compañía de la cual depende el desarrollo hidrocarburífero", expresó un asistente a la presentación de resultados de YPF.

En paralelo, se desarrollan negociaciones para buscar alternativas de pago, como la entrega de bonos, mientras el gobierno argentino insiste en la defensa de la soberanía y considera "incumplible" el fallo. Analistas advierten que, aunque los tribunales estadounidenses no cuentan con mecanismos prácticos para forzar la entrega de acciones bajo jurisdicción extranjera, el principal impacto sería reputacional. El Departamento de Justicia de EE.UU. y la Casa Blanca han presentado escritos en favor de Argentina, advirtiendo sobre los riesgos de sentar precedentes legales que podrían complicar las relaciones exteriores.

El caso YPF, que comenzó hace una década tras la expropiación y la posterior compra de la demanda por fondos buitre, sigue generando debate sobre la legitimidad de los reclamos y la protección de los intereses nacionales. La resolución de la Cámara de Apelaciones será clave para definir el futuro de la petrolera y la posición de Argentina en los mercados internacionales.