La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha sido víctima de una estafa millonaria que resultó en el desvío de 1.591 millones de pesos mediante transferencias bancarias fraudulentas. El fraude, que afectó a las facultades de Derecho y Odontología, se llevó a cabo en septiembre de 2023 y ha generado investigaciones tanto internas como judiciales.

Según las investigaciones preliminares, los estafadores utilizaron un correo electrónico falso que simulaba ser de la UBA para enviar formularios MEP, un tipo de operación bancaria manual utilizada para transferencias de grandes montos. Las solicitudes, que incluían firmas falsificadas, fueron aceptadas por el Banco Nación sin la verificación física requerida, lo que permitió que las transferencias se realizaran hacia cuentas de personas físicas y jurídicas inexistentes.

El caso está siendo investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, con intervención de la Fiscalía N°8. Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas y se sospecha de la participación de al menos otras 17. Entre los cargos que enfrentan los involucrados se encuentran fraude a la administración pública, falsificación de documentos y lavado de dinero.

La UBA detectó el fraude al notar la falta de fondos en las cuentas de las facultades afectadas. Tanto la universidad como el Banco Nación han iniciado sumarios internos para determinar cómo fue posible que se concretara una operación de esta magnitud sin que se activaran los controles de seguridad establecidos. "Estamos esperando que se resuelva la instancia judicial lo más rápido posible a efectos de recuperar esos fondos para lo que estaban previstos", declaró Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA.

Este caso ha puesto en evidencia serias vulnerabilidades en los sistemas de seguridad bancaria, especialmente en lo que respecta a la validación de documentos y la autenticidad de las solicitudes electrónicas. Expertos en seguridad informática han señalado que este tipo de fraudes son recurrentes y que las entidades bancarias deben implementar medidas más estrictas para prevenirlos.

Mientras tanto, la UBA ha solicitado el embargo de los fondos robados y continúa colaborando con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos. La comunidad académica y pública exige sanciones ejemplares para los responsables y mejoras en los controles de seguridad para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.