El paro de colectivos convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) el pasado 6 de mayo paralizó gran parte del transporte público en Argentina, afectando a millones de usuarios. La medida, que tuvo como principal reclamo un aumento salarial del 50% para los choferes, dejó en evidencia las tensiones internas del gremio y las dificultades para alcanzar un acuerdo con las empresas y el gobierno.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el acatamiento al paro fue dispar. Empresas como DOTA y Metropol, que operan más de 60 líneas, no se sumaron a la medida, lo que generó divisiones dentro del sindicato. Marcelo Pasciutto, titular de DOTA, señaló que "en DOTA hay libertad de trabajo" y criticó la gestión de la UTA, calificándola de ineficiente en los últimos años.

El impacto del paro fue significativo. En el AMBA, se registraron largas filas en estaciones de colectivos y un aumento en el uso de aplicaciones de transporte y bicicletas públicas. En provincias como Neuquén, Río Negro y Santa Fe, el acatamiento fue total, dejando a miles de personas sin opciones de movilidad. En Rosario, por ejemplo, el comercio reportó una caída en las ventas debido a la baja circulación de personas.

El paro también estuvo marcado por incidentes. En General Rodríguez, colectivos de la línea 57 fueron apedreados, mientras que en el Puente Pueyrredón se registraron cortes y enfrentamientos verbales entre manifestantes y conductores. La policía intervino para garantizar la circulación en algunos puntos críticos.

Desde el gobierno, la medida fue calificada como "extorsiva". La Secretaría de Transporte reiteró su decisión de mantener un control estricto sobre las paritarias, limitando los aumentos salariales. Por su parte, la UTA emitió un comunicado calificando el paro como exitoso y advirtiendo sobre posibles medidas futuras si no se alcanzan acuerdos satisfactorios.

El conflicto salarial entre la UTA y las empresas de transporte se remonta a febrero de este año, en un contexto de alta inflación y congelamiento de tarifas. Mientras los empresarios argumentan que no pueden otorgar aumentos sin un incremento en las tarifas o subsidios, el gremio insiste en la necesidad de un salario digno que compense la pérdida del poder adquisitivo.

El paro dejó en evidencia no solo las tensiones entre los distintos actores, sino también las dificultades estructurales del sistema de transporte público en Argentina. Con un boleto mínimo que algunos empresarios consideran debería costar 1.500 pesos, el debate sobre la sostenibilidad del sistema sigue abierto. En este contexto, la posibilidad de nuevas medidas de fuerza no está descartada, lo que podría agravar aún más la situación para los usuarios y el sector.