Miles de personas se movilizaron en todo el país en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, tras su reciente detención y condena por causas de corrupción. Las manifestaciones, que tuvieron su epicentro en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, se replicaron en numerosas ciudades argentinas, incluyendo Córdoba, Tucumán, Mendoza, La Rioja, Chaco, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata y Bariloche.

Las marchas fueron convocadas por organizaciones políticas, sociales y sindicales, entre ellas la CGT, la CTA y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Las consignas principales giraron en torno a la defensa de la democracia, el rechazo a la proscripción y la exigencia de libertad para la expresidenta. En Córdoba, tres convocatorias confluyeron en la sede del Partido Justicialista y la plaza San Martín, con una fuerte presencia de jubilados y trabajadores estatales. En Tucumán, la movilización partió de la sede del PJ hacia la Plaza Independencia y los Tribunales Federales, mientras que en Mendoza y La Rioja los actos centrales se realizaron en plazas emblemáticas, con discursos de dirigentes y la suelta de globos negros como símbolo de luto judicial.

En Chaco y Salta, los manifestantes leyeron documentos en los que denunciaron una persecución política y un intento de proscripción de Cristina Kirchner. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, envió un mensaje grabado en el que llamó a la unidad y a la defensa de la justicia social, mientras que otros referentes sindicales y estudiantiles sumaron reclamos contra las políticas de ajuste del gobierno nacional.

Las movilizaciones se desarrollaron en un contexto de fuerte polarización política y denuncias de judicialización de la política. Los manifestantes vincularon el reclamo con la defensa de los derechos constitucionales y la memoria democrática, a 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina. La masividad de las marchas y la diversidad de actores participantes reflejaron el impacto social y político de la detención de la expresidenta, así como la persistencia de la demanda por garantías democráticas y justicia en el país.