Miles de personas con discapacidad en Argentina han visto suspendidas sus pensiones no contributivas en las últimas semanas, como resultado de un proceso de auditoría nacional impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Gobierno nacional. El operativo, que busca verificar el cumplimiento de los requisitos legales y médicos para acceder a estos beneficios, ha generado una ola de reclamos y denuncias por parte de los afectados y organizaciones civiles.

Según estimaciones de entidades especializadas, más de 110.000 pensiones han sido dadas de baja en todo el país, con un impacto significativo en provincias como Córdoba, Buenos Aires, Salta, Neuquén y Entre Ríos. El proceso de auditoría, que se desarrolla en cuatro etapas —notificación, entrevista médica, análisis documental y dictamen final—, ha sido cuestionado por la falta de accesibilidad y claridad en las citaciones. De acuerdo a datos oficiales, el 46% de las cartas documento enviadas para notificar a los beneficiarios no fueron entregadas, lo que ha dejado a miles de personas sin información sobre su situación.

Muchos afectados se enteraron de la suspensión de sus pensiones al no recibir el pago mensual, sin haber sido notificados previamente. Las citaciones, realizadas por carta documento, han llegado a domicilios incorrectos o distantes, y en algunos casos, la documentación requerida no estaba claramente especificada. La pérdida de la pensión implica no solo la interrupción de un ingreso fundamental —equivalente al 70% de una jubilación mínima—, sino también la pérdida de acceso a la cobertura sanitaria del programa Incluir Salud, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos médicos y prestaciones esenciales.

El conflicto se desarrolla en un contexto de denuncias de corrupción en la ANDIS, tras la difusión de audios atribuidos a su ex titular, Diego Spagnuolo, y el rechazo legislativo al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. El Decreto 843/24, que modificó los criterios de acceso a las pensiones, ha sido cuestionado por la justicia argentina y por el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Organizaciones civiles, defensores públicos y autoridades provinciales han exigido la interrupción de las auditorías hasta que se subsanen las irregularidades y se garantice el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. En Neuquén, la justicia ordenó la restitución de una pensión suspendida, señalando la vulneración de derechos esenciales como la alimentación, la salud y la vivienda. Mientras tanto, municipios y provincias han intensificado la asistencia y el acompañamiento a los afectados, facilitando la gestión de reclamos y la presentación de documentación.

La situación ha generado incertidumbre y preocupación entre los beneficiarios y sus familias, quienes relatan situaciones de angustia, pérdida de tratamientos y dificultades económicas. Las autoridades recomiendan verificar la información oficial y evitar el alarmismo, mientras continúa el debate sobre la legalidad y el impacto social de las medidas adoptadas.