El juicio oral por falso testimonio contra el perito David Cohen marca un nuevo capítulo en la causa GNL, uno de los expedientes judiciales más controvertidos de los últimos años en Argentina. Cohen, responsable del informe que sirvió de base para la acusación de sobreprecios en la importación de gas natural licuado, enfrenta cargos tras descubrirse que su dictamen fue plagiado de una monografía de estudiantes chilenos encontrada en internet.

Durante el proceso, el contador público Federico Mansbach, perito oficial de la Corte Suprema, declaró bajo juramento que el fallecido juez federal Claudio Bonadio lo presionó para que su informe avalara la existencia de sobreprecios. "El juez Bonadio pretendía una conclusión en el dictamen y presionó para que las cosas ocurran como él pensaba que tenían que ocurrir", relató Mansbach ante el Tribunal Oral Federal N°7. El profesional se negó a modificar sus conclusiones, argumentando que los precios internacionales de GNL no eran comparables debido a las diferencias en mercados y condiciones de compra. Por su negativa, Bonadio lo denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario.

El informe de Cohen, elaborado sin participación del resto del cuerpo pericial y presentado como oficial, fue validado directamente por Bonadio y utilizado para ordenar la detención de exfuncionarios. Otros peritos, como Mariana Fogarolli, coincidieron en señalar que Cohen no participó en la toma de evidencias ni en las reuniones de deliberación, evidenciando irregularidades en el procedimiento.

La trama se complejiza con la participación del falso abogado Marcelo D'Alessio, condenado por espionaje ilegal y extorsión, quien fue nombrado director de ENARSA durante la gestión de Mauricio Macri. D'Alessio realizó declaraciones ante la fiscalía y aportó documentos internos de ENARSA, cuya obtención nunca fue aclarada. Su intervención desvió la acusación inicial de sobreprecios hacia supuestas comisiones irregulares en los seguros marítimos de los buques.

Actualmente, la fiscalía acusa pagos irregulares de comisiones por casi u$s5 millones, lejos de los u$s7 mil millones que se mencionaban al inicio de la causa. La credibilidad de la pericia inicial quedó en entredicho, generando nuevos cuestionamientos sobre la imparcialidad judicial y el rol de los actores involucrados. El desenlace del juicio oral podría tener implicaciones significativas para futuras investigaciones y el debate sobre la transparencia en el sistema judicial argentino.