La confirmación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia desató una ola de protestas en el ámbito universitario argentino. Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) tomaron varias facultades en rechazo a la decisión judicial, que ratifica una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la exmandataria.

La medida fue adoptada en asambleas estudiantiles realizadas poco después de conocerse el fallo. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, los estudiantes votaron la toma y exigieron a la Confederación General del Trabajo (CGT) la convocatoria a un paro general. "Hicimos una asamblea espontánea apenas se conoció la noticia del fallo a Cristina. Decidimos ir a movilizar a su casa y volver para la toma", explicó Micaela Martín, consejera directiva de la facultad. La protesta se extendió a las facultades de Ciencias Sociales y Exactas, donde también se realizaron tomas y paros docentes.

Los centros de estudiantes y agrupaciones como Ya Basta Filo y la Federación Universitaria de La Plata (FULP) denunciaron una "persecución política y judicial" contra Kirchner y llamaron a la defensa de la democracia y la universidad pública. "Venimos sufriendo un montón de ataques por parte del gobierno de Javier Milei a la universidad pública y a la salud, como está ocurriendo en el Hospital Garrahan. Y ahora con este fallo que rechazamos energéticamente", expresó una vocera estudiantil.

El fallo de la Corte Suprema, emitido de manera unánime por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó la sentencia previa de la Cámara de Casación Penal y el decomiso de 84.000 millones de pesos. Los jueces argumentaron que las sanciones aplicadas "tutelan el sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por el Congreso".

En respuesta, Cristina Kirchner acusó al sistema judicial de ser "una herramienta manipulada por poderes económicos" y llamó a sus seguidores a mantenerse organizados. El movimiento estudiantil, por su parte, se declaró en estado de alerta y movilización permanente, buscando extender las protestas a nivel nacional y coordinando acciones con trabajadores y docentes. El episodio marca un nuevo capítulo de tensión entre el poder judicial, el movimiento estudiantil y el gobierno nacional, en un contexto de creciente conflictividad social y política.