El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) enfrenta un escándalo tras la adjudicación de un contrato de 450 millones de dólares para la compra y distribución de pañales. La licitación, que se realizó en solo seis días hábiles, ha generado denuncias de irregularidades, sobreprecios y un deterioro en la calidad de los productos.

El nuevo esquema logístico, que reemplaza al modelo anterior de distribución a través de farmacias, implica un aumento del 20% en los costos y la centralización de la logística en una empresa específica. Según fuentes cercanas al proceso, las condiciones del pliego fueron modificadas abruptamente, incluyendo requisitos como un seguro de caución de 25,000 millones de pesos y la necesidad de galpones en CABA y AMBA con capacidad para 15,000 pallets. Estas exigencias habrían limitado la participación de tres de las cuatro empresas oferentes.

Además, expertos han señalado que los nuevos pañales son de menor calidad, con un peso reducido de 75 a 50 gramos, la eliminación de dobles capas de absorción y cintas adhesivas más pequeñas. "La calidad baja, pero el precio sube", resumió un analista. También se sospecha que los cambios buscan facilitar la importación de pañales más livianos, lo que reduciría costos logísticos pero afectaría negativamente a los beneficiarios.

El esquema anterior permitía un control en tiempo real de la distribución mediante recetas electrónicas, pero el nuevo modelo podría habilitar el uso de padrones desactualizados, generando riesgos de facturación indebida. Más de 200,000 afiliados dependen de este servicio, lo que amplifica las preocupaciones sobre el impacto de estas decisiones.

Las farmacias, que han participado en la distribución durante más de 15 años, han expresado su descontento y buscan alternativas para mantener su rol en el sistema. Mientras tanto, exfuncionarios del PAMI han denunciado previamente sobreprecios de hasta el 700% en compras directas, lo que añade más tensión al caso.

El escándalo ha escalado rápidamente, con implicaciones políticas y sociales que podrían derivar en investigaciones judiciales. La credibilidad del PAMI está en juego, y las reacciones de los distintos actores involucrados serán clave para determinar el desenlace de esta controversia.