El hallazgo de 469 kilos de cocaína en el puerto de Vicentin, en San Lorenzo, Santa Fe, ha generado un intenso debate sobre la efectividad de los controles portuarios y el uso político de los operativos contra el narcotráfico. La droga, valuada en 6 millones de dólares, fue descubierta en un buque con bandera de las Islas Marshall que tenía como destino final Europa.

El operativo, calificado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como "el más grande en la historia de San Lorenzo", involucró a la Prefectura Naval Argentina, la Aduana, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio Público Fiscal. Según las autoridades, la droga estaba oculta en cámaras frigoríficas del buque, junto a 40 toneladas de pellets de girasol. El cargamento incluía dispositivos GPS y balizas, lo que sugiere que estaba preparado para ser arrojado al agua y recuperado posteriormente.

Sin embargo, el hallazgo no fue resultado de un operativo planificado. Fue el capitán del buque quien alertó a las autoridades tras descubrir un polvo blanco sospechoso en una de las cámaras frigoríficas. Esto ha llevado a críticos, como el diputado provincial Carlos del Frade, a cuestionar la narrativa oficial y señalar la falta de controles efectivos en los puertos argentinos. "Esto no fue un descubrimiento de los organismos de control, sino una denuncia del capitán del barco", afirmó Del Frade.

El caso también ha puesto en evidencia la infiltración del narcotráfico en la hidrovía del Paraná, una ruta clave para el tráfico de drogas en Sudamérica. Investigaciones preliminares sugieren que el cargamento podría estar vinculado al Primeiro Comando da Capital (PCC), una organización criminal brasileña. Según expertos, la droga probablemente fue cargada en Paraguay o Brasil y estaba destinada a ser transferida a otros buques en Montevideo antes de llegar a Europa.

El fiscal federal Claudio Kishimoto, a cargo de la investigación, ha ordenado la detención de los 21 tripulantes filipinos del buque y el análisis de sus teléfonos móviles. Aunque uno de los tripulantes se declaró culpable, las autoridades sospechan que podría estar encubriendo a otros involucrados.

La ministra Bullrich ha utilizado el caso para destacar los logros de su gestión en la lucha contra el narcotráfico, afirmando que "este año ya se han secuestrado 3.600 kilos de cocaína, un récord histórico". Sin embargo, sus declaraciones han sido criticadas por sectores de la oposición, que la acusan de utilizar el operativo con fines electorales.

El caso pone de relieve la necesidad de fortalecer los controles en los puertos argentinos y de abordar las complicidades estatales y empresariales que facilitan el narcotráfico. Mientras tanto, la investigación continúa, con el desafío de identificar a los responsables detrás de este cargamento y desarticular las redes criminales involucradas.