El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina ha generado una fuerte controversia en el Congreso y en la sociedad. El proyecto oficialista, impulsado por los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con penas de hasta 20 años para delitos graves. La medida, que será discutida en un plenario de comisiones esta semana, ha recibido tanto apoyo como críticas.

La Iglesia Católica, a través de Monseñor Dante Braida, presidente de la Comisión de Pastoral Social, expresó su rechazo a la iniciativa. "No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz", afirmó Braida, quien abogó por un enfoque multisectorial que priorice la prevención y la educación. Según el obispo, la medida no solo es ineficaz, sino que también podría agravar las problemáticas existentes en el sistema penitenciario, que ya enfrenta serias deficiencias estructurales.

El proyecto ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos y especialistas en infancia, quienes argumentan que bajar la edad de imputabilidad contradice la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normativas internacionales. Además, destacan que la propuesta carece de financiamiento para construir centros de detención adecuados para menores, lo que podría llevar a situaciones de hacinamiento y vulneración de derechos.

Datos oficiales refuerzan las críticas: la participación de menores en delitos graves es baja y ha disminuido en los últimos años. Según estadísticas de la Corte Suprema de Justicia, el 71,5% de los menores involucrados en causas penales no tenía antecedentes previos, y la mayoría de los delitos cometidos fueron contra la propiedad.

El contexto social también es un factor clave en el debate. Argentina enfrenta altos niveles de pobreza infantil, con 8,8 millones de niños viviendo por debajo de la línea de pobreza, según UNICEF. Este panorama agrava las condiciones que pueden llevar a la delincuencia juvenil, lo que ha llevado a sectores críticos a calificar la medida como una "cortina de humo" para desviar la atención de problemas estructurales como la pobreza y el desempleo juvenil.

En el Congreso, el proyecto cuenta con apoyo parcial de sectores opositores, pero también enfrenta resistencia. Algunos legisladores han propuesto modificaciones, como la inclusión de medidas socioeducativas y la creación de un sistema especializado para menores. Sin embargo, la falta de consenso podría retrasar su aprobación.

Países como Brasil y Colombia, que adoptaron medidas similares, no lograron reducir la criminalidad juvenil, lo que refuerza las dudas sobre la efectividad de la propuesta. En este contexto, la Iglesia y organizaciones sociales han pedido más tiempo para debatir y explorar alternativas no punitivas que aborden las causas estructurales de la delincuencia juvenil.

El debate continúa, y el resultado podría tener implicaciones significativas para el sistema penal juvenil y los derechos de los menores en Argentina.