Diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un proyecto para expulsar de la Cámara baja a José Luis Espert, tras los insultos que el legislador dirigió a Florencia Kirchner durante una charla en la Universidad Católica Argentina (UCA). El incidente ocurrió el 11 de junio, un día después de que la Corte Suprema confirmara la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

Durante el XVII Congreso Internacional de Comunicación Política, Espert recordó y citó un tuit propio de 2012 en el que insultaba a la hija de la expresidenta. Sus palabras generaron abucheos y gritos de desaprobación en el auditorio, lo que llevó a que el diputado debiera abandonar la sala. El hecho fue rápidamente repudiado por legisladores y figuras políticas, quienes consideraron que no se trató de un exabrupto aislado, sino de una agresión con contenido de violencia simbólica y de género.

El proyecto de expulsión, firmado por quince diputados de Unión por la Patria, argumenta que la conducta de Espert "lesiona gravemente la legitimidad simbólica" de la Cámara y habilita la reproducción de discursos de odio. Los legisladores apelan al artículo 66 de la Constitución Nacional, que permite la remoción de legisladores por razones éticas o morales, y citan antecedentes de sanciones similares en el Congreso.

La Universidad Católica Argentina emitió un comunicado institucional repudiando las expresiones de Espert y desvinculándose del incidente, al tiempo que llamó a la reflexión sobre los límites del discurso público. Por su parte, Espert minimizó el episodio en redes sociales y defendió su accionar, mientras que otros actores políticos, como el exgobernador Sergio Uñac y Malena Galmarini, manifestaron su rechazo y pidieron respeto en el debate público.

El episodio reavivó el debate sobre la violencia simbólica y de género en la política argentina, así como sobre la ética y los límites del discurso de los representantes públicos. El Congreso deberá deliberar sobre el pedido de expulsión y sus implicancias institucionales en un contexto de alta polarización política.