El presidente Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2026, que prevé una inflación interanual del 10,1% y un dólar a $1.423 para diciembre de ese año. Además, el Gobierno proyecta aumentos reales en jubilaciones, salud y educación, junto con un crecimiento económico del 5% y mejoras en el superávit fiscal. Estas cifras, sin embargo, han sido recibidas con escepticismo por parte de analistas y ex funcionarios, quienes consideran que las proyecciones oficiales son optimistas y difíciles de alcanzar en el contexto actual de la economía argentina.

El ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, calificó las estimaciones de "ilusión" y "irreales", especialmente en lo referido a la inflación y el tipo de cambio. Consultoras privadas y centros de estudios económicos advierten que la meta de inflación requeriría una desinflación agresiva, poco probable dada la alta inercia inflacionaria y la indexación de contratos en el país. Además, señalan que presupuestos anteriores han fallado en cumplir sus proyecciones, lo que genera dudas sobre la credibilidad de los aumentos reales proyectados en el gasto público.

En el plano político, Milei adoptó un tono más moderado y convocó al diálogo con gobernadores, especialmente tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. El presupuesto contempla un aumento significativo en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), pero una caída en términos reales de las transferencias a cajas previsionales provinciales. Las universidades nacionales también han manifestado su preocupación, ya que el monto asignado para sus actividades es considerablemente inferior al solicitado.

El Congreso será el escenario de intensas negociaciones, con demandas de mayor flexibilidad por parte del Ministerio de Economía y exigencias de equilibrio fiscal por parte de la oposición. Sectores productivos reclaman una baja en la carga tributaria para enfrentar la competencia externa, mientras que provincias y organismos oficiales buscan asegurar fondos suficientes para su funcionamiento.

La sanción del Presupuesto 2026 se presenta como un desafío complejo, que exigirá diálogo, tolerancia y prudencia fiscal. Su aprobación podría colocar a Argentina en la senda de una planificación creíble para el desarrollo, mientras que el fracaso supondría un nuevo retroceso en ese objetivo.