El proyecto de reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, generó un inédito consenso de rechazo entre oficialismo, oposición y representantes del sector agropecuario. La iniciativa, que busca modificar la autarquía y la estructura de gobernanza del organismo, fue debatida en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, donde productores, técnicos y legisladores coincidieron en la necesidad de modernizar el INTA, pero sin desmantelar su modelo federal ni su autonomía.

Durante la reunión, la presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, subrayó que "el INTA significa territorialidad, federalismo, más allá de la investigación y de la ciencia" y advirtió que "quitarle la autarquía es quitarle el corazón". En la misma línea, representantes de Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro defendieron la importancia de mantener la gobernanza y los centros regionales del organismo.

El director nacional del INTA, Ariel Pereda, expresó su preocupación por el futuro del instituto, destacando que "es una herramienta imprescindible para la producción y la competitividad del país". Pereda remarcó que la modernización debe ser "un proceso dialogado, racional y con perspectiva federal".

Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica, advirtió que "no se trata de andar con hachazos" y defendió el capital humano y profesional del INTA, especialmente en el norte argentino. Por su parte, la Mesa de Enlace alertó que un decreto que modifique la autarquía y la estructura del organismo atentaría contra una institución clave para el agro.

El Frente de Izquierda presentó un proyecto en el Congreso para frenar el ajuste y el vaciamiento del INTA, denunciando el riesgo de despidos masivos y el cierre de estaciones experimentales, lo que afectaría a miles de pequeños y medianos productores.

Según datos oficiales, el INTA emplea cerca de 6.000 trabajadores y opera 53 estaciones experimentales y 258 agencias en todo el país. Sin embargo, enfrenta una fuerte subejecución presupuestaria y dificultades para renovar su flota y sostener programas históricos como Cambio Rural.

El debate sobre el futuro del INTA se da en el marco de una política de ajuste fiscal y desregulación estatal impulsada por el gobierno de Javier Milei. Diversos actores advierten que la reforma podría debilitar una política de Estado con 70 años de historia y un rol central en la innovación y asistencia técnica al sector agropecuario argentino.