El presidente Javier Milei confirmó que vetará la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que ha generado un fuerte rechazo en el ámbito académico y entre los gobernadores provinciales. La medida, que también afectará recursos destinados al Hospital Garrahan y a la distribución de fondos a las provincias, se enmarca en la estrategia del Gobierno de priorizar el equilibrio fiscal en medio de una profunda crisis económica.

La ley, aprobada por el Congreso con una amplia mayoría en el Senado (58 votos a favor y solo 10 en contra), establece la actualización mensual de los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades nacionales según la inflación, así como una recomposición salarial para docentes y no docentes. Además, prevé la creación de fondos para infraestructura, becas y carreras estratégicas, y fija un esquema de financiamiento progresivo que debería alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.

Desde la Universidad de Buenos Aires, el rector Ricardo Gelpi y los decanos de las trece facultades difundieron un video en el que solicitan al Poder Ejecutivo que no vete la ley y que la reglamente de inmediato. "Queremos seguir enseñando y aprendiendo dentro de nuestras aulas, con tranquilidad. La Ley de Financiamiento Universitario es imprescindible para sostener la excelencia de la universidad pública", expresaron en el mensaje, subrayando que la medida "no es contra nadie, es a favor de todos".

El Gobierno, por su parte, argumenta que la aprobación de estas leyes comprometería el objetivo de mantener el superávit fiscal. "No hay plata", repiten fuentes oficiales, que también advierten sobre la posibilidad de judicializar otras leyes de emergencia, como la de Discapacidad.

El conflicto se produce en un contexto de creciente tensión política, tras un revés electoral para el oficialismo y en medio de disputas con los gobernadores por la distribución de fondos nacionales. El sistema universitario y los gremios docentes han anunciado paros y movilizaciones en caso de que se concrete el veto presidencial.

La situación pone en evidencia la dificultad de conciliar las demandas sociales y educativas con las restricciones fiscales, y anticipa un escenario de mayor conflictividad en los próximos meses, tanto en el ámbito universitario como en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias.