El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa una etapa de incertidumbre y tensión ante el avance de una profunda reestructuración impulsada por el Gobierno nacional. El plan, liderado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, contempla recortes presupuestarios, despidos de personal, venta de activos y una modificación sustancial en el modelo de gobernanza del organismo.

Según fuentes oficiales, el objetivo es ajustar el presupuesto del INTA, que actualmente asciende a $224.000 millones, y reorganizar su estructura para hacerla más eficiente. Sturzenegger justificó la medida al comparar el gasto del organismo con las retenciones al maíz, sugiriendo que el sector privado podría asumir parte de las funciones de investigación y desarrollo. Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte reacción en el sector agropecuario, científico y político.

Trabajadores y directivos del INTA advierten que la reducción de personal, que ya alcanza el 10% y podría llegar al 23% en 2025, pone en riesgo programas clave de mejoramiento genético, bancos de germoplasma y ensayos de vacunas, fundamentales para la producción y exportación de alimentos. Ariel Pereda, director nacional del INTA, alertó que la pérdida de autonomía y la centralización administrativa podrían convertir al organismo en una entidad política, sujeta a los vaivenes de cada gobierno.

La Mesa de Enlace, legisladores provinciales y colectivos de trabajadores han manifestado su preocupación y solicitado que se mantenga la autarquía y la estructura federal del INTA. En una carta al ministro Sturzenegger, empleados del organismo destacaron el impacto del INTA en la vida cotidiana de los argentinos, desde la producción de alimentos hasta el desarrollo de tecnologías que fortalecen la soberanía alimentaria.

El proceso de ajuste del INTA se inscribe en una política más amplia de reducción del Estado y reorganización de organismos públicos, que también afecta a otras áreas como Salud, Transporte y Trabajo. Mientras el Gobierno sostiene que busca eficiencia y reducción de gastos, los sectores afectados advierten sobre el riesgo de un desmantelamiento irreversible que podría debilitar la capacidad de innovación y competitividad del agro argentino.

El futuro del INTA, clave en la historia de la innovación agropecuaria nacional, dependerá de la capacidad de diálogo y negociación entre el Gobierno y los actores involucrados, en un contexto de creciente demanda mundial de alimentos y desafíos para la producción local.