El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, en el marco de una amplia reestructuración de organismos estatales vinculados al transporte y la seguridad vial. La medida, publicada el 8 de julio de 2025 en el Boletín Oficial, responde a la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública y otorgó al Poder Ejecutivo facultades para reorganizar la administración pública.

Según el decreto, la decisión se fundamenta en el sobredimensionamiento y los altos costos operativos de los organismos disueltos, así como en la necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos. El informe técnico que acompaña la medida señala que la dotación de personal en organismos descentralizados creció de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024, lo que evidencia un incremento sustancial en la estructura estatal.

Las funciones de fiscalización y control de concesiones viales y ferroviarias serán asumidas por la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que reemplaza a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Por su parte, la Gendarmería Nacional quedará a cargo de la prevención y control del tránsito en rutas nacionales, mientras que la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía absorberá otras competencias antes asignadas a la ANSV.

El decreto también prevé la reorganización de la Junta de Seguridad en el Transporte, que pasará a denominarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, limitando su competencia a la investigación de sucesos aeronáuticos.

El Gobierno argumenta que la reestructuración permitirá una gestión más ágil, eficiente y transparente, con reducción del gasto público y preservación de las funciones esenciales del Estado. Sin embargo, la medida podría generar debate en el Congreso y entre los trabajadores afectados, así como entre usuarios de los servicios públicos de transporte. El Ejecutivo sostiene que la redistribución de funciones no implica resignar competencias clave, sino mejorar la eficiencia administrativa y el control de los recursos públicos.